Aunque el comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Tun, logró evitar su vinculación a proceso por las acusaciones de la empresa Kekén, propietaria de la granja porcícola San Gerardo, el caso judicial en su contra no ha sido cerrado.
El juez que lleva el expediente ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) presentar en un plazo de 10 días las pruebas necesarias que sustenten la imputación. De no hacerlo, la resolución podría favorecer al comisario, acusado de la presunta privación ilegal de la libertad de seis empleados de la granja, ocurrida en mayo de 2023.
“El juez fue muy claro: les dio 10 días para decidir si seguir o desistir”, declaró Nahuat Tun en entrevista con POR ESTO!
El comisario explicó que, aunque se esperaba que el caso quedara cerrado, la decisión representa un avance importante. “Sabemos que no hay pruebas que justifiquen el delito que me imputan, pero sí hay razones suficientes para que esa granja sea desalojada cuanto antes”, afirmó.
Tensión en la audiencia
Como informamos ayer, durante la audiencia, decenas de habitantes de Santa María Chi y comunidades vecinas se congregaron frente al juzgado para mostrar su apoyo al comisario. Portaban mantas y carteles en defensa del territorio y denunciaban los impactos ambientales que, aseguran, ha causado la granja porcícola instalada a menos de 200 metros de sus viviendas.
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“Detrás de mí hay un pueblo, pero ¿dónde quedan los derechos de los demás? Se están vulnerando los derechos humanos. Es momento de dejar de criminalizar la defensa del territorio”, expresó Nahuat Tun.
El líder comunitario relató que el juicio, originalmente público, se llevó a cabo con acceso restringido luego de que Kekén solicitara a través de sus abogados limitar la presencia de personas y medios de comunicación, lo que causó inconformidad entre los pobladores que esperaban ingresar a la sala.
Una comunidad que resiste
El conflicto entre Santa María Chí y la empresa Kekén lleva más de dos años. La comunidad ha denunciado reiteradamente la contaminación del suelo, el agua y el aire provocada por la granja San Gerardo, lo que ha generado enfermedades respiratorias, olores pestilentes y la proliferación de moscas.
En 2023, los pobladores –encabezados por su comisario– clausuraron temporalmente las instalaciones en protesta. En respuesta, la empresa presentó una denuncia penal contra Nahuat Tun y varios vecinos.
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“Lo único que pedimos es justicia. Ya no queremos seguir respirando el olor del cerdo ni el estiércol. Es insoportable para nuestros niños y adultos mayores”, dijo el comisario antes de ingresar a la audiencia.
A la espera del fallo
El juez programó una nueva cita para el 22 de octubre, fecha en la que se definirá si el Ministerio Público presenta nuevas pruebas o desiste definitivamente. Si el caso continúa, se establecerá un calendario para la próxima sesión judicial
Mientras tanto, la comunidad de Santa María Chí permanece en alerta, pero esperanzada.
