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Yucatán

“Somos un pueblo que defiende su salud y su tierra”: Comunidades mayas respaldan al comisario de Santa María Chi en juicio promovido por Kekén

Wilberth Nahuat Tun, comisario de Santa María Chi, fue acusado por supuesta privación de la libertad de seis empleados de la mega granja San Gerardo.
Integrantes de comunidades mayas apoyan a comisario y exigen justicia
Integrantes de comunidades mayas apoyan a comisario y exigen justicia / Roger Euan

Bajo un intenso sol y con pancartas en lengua maya y español, decenas de habitantes de comunidades rurales se congregaron este lunes frente al Centro de Justicia Oral de Mérida para acompañar al comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Tun, acusado penalmente por la empresa Kekén, filial del Grupo KUO, uno de los consorcios más poderosos del país en producción y exportación de carne de cerdo.

Nahuat Tun fue denunciado por la supuesta “privación ilegal de la libertad” de seis empleados durante una protesta comunitaria realizada hace dos años frente a la mega granja San Gerardo, señalada de provocar contaminación ambiental en la zona.

“Nosotros no somos criminales; somos un pueblo que defiende su salud y su tierra. Lo único que pedimos es poder respirar sin oler estiércol ni cerdo”, expresó antes de ingresar a la audiencia donde se decidiría si la carpeta judicial en su contra será cerrada o continuará abierta. El comisario aseguró que su única intención ha sido proteger la salud de su pueblo, por lo que considera “cruel e injusto” que se le criminalice por cumplir con su deber.

Durante la audiencia, representantes de Ixil, Kinchil, Molas, Sisal, Xcucul y Yaxcucul acudieron en apoyo al comisario, recordando que en sus propias localidades enfrentan problemas similares de contaminación y acoso judicial.

Una lucha que no se apaga

El conflicto en Santa María Chi comenzó cuando la granja porcícola San Gerardo inició operaciones a menos de 200 metros de las viviendas. Los malos olores, la proliferación de moscas y los problemas respiratorios entre los vecinos despertaron la indignación de la comunidad. “Las niñas ya no pueden dormir del hedor; los abuelos enferman. Y cuando exigimos respeto, nos demandan”, dijo una habitante que acompañó al comisario.

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De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Yucatán concentra más de 500 granjas porcinas, muchas de ellas operando sin permisos actualizados o sin cumplir medidas de mitigación ambiental.

Millonarias multas

La empresa Kekén, propietaria de la granja San Gerardo, ha recibido al menos 17 sanciones ambientales y acumula multas por más de 14.7 millones de pesos que aún no ha pagado, según reportes del colectivo To’one Ja’o’on (Somos Agua), que agrupa a más de 20 comunidades mayas defensoras del territorio.

El colectivo denunció ante la Semarnat, Profepa y Conagua, que en al menos 10 comunidades –entre ellas Santa María Chi, Maxcanú y Kinchil– el agua de pozos tiene altos niveles de bacterias fecales y coliformes, lo que demuestra contaminación por desechos de cerdo. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, en colaboración con organizaciones locales, confirmó la presencia de E. coli y materia fecal porcina en sistemas de agua comunitarios.

Clausura definitiva y promesas de reparación

En septiembre pasado, tras años de denuncias, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, por incumplir siete medidas correctivas.

Entre las irregularidades documentadas se encuentran la descarga directa de aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de lodos contaminantes. La dependencia federal ordenó a la compañía realizar un estudio de daño ambiental y ejecutar un plan de reparación integral.

Pese a ello, habitantes de la comunidad aseguran que la contaminación persiste y temen que la empresa reanude operaciones bajo otro nombre. “Estas compañías tienen dinero, poder y contactos. Nosotros sólo tenemos nuestra palabra y nuestra tierra, por eso seguimos aquí, pidiendo justicia”, declaró Nahuat Tun.

Salud y territorio en riesgo

Médicos comunitarios han reportado un aumento de casos de salmonelosis, faringitis y dermatitis en Santa María Chi, enfermedades que antes eran poco frecuentes. Algunos pobladores han perdido la vida tras padecimientos relacionados con el agua contaminada.

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La contaminación también ha afectado la apicultura tradicional. En Maxcanú, 29 apiarios perdieron su certificación orgánica debido a la presencia de residuos químicos en los terrenos. “Lo que está en juego no es sólo nuestra salud, sino el modo de vida de los pueblos mayas”, afirmó una integrante de la red To’one Ja’o’on.

“Defender no es delito”

Las comunidades asistentes insistieron en que se ponga fin a la criminalización de los defensores del territorio, quienes enfrentan denuncias, amenazas y procesos judiciales promovidos por empresas privadas.

“En pleno siglo XXI seguimos viendo cómo se castiga a quienes defienden el agua y el aire. Lo que hacemos no es delito, es sobrevivencia”, subrayó Nahuat Tun.

Al finalizar la audiencia, el juez dio 10 días más para que la Fiscalía General del Estado aporte más pruebas, de lo contrario la carpeta se cerrará, dejando sin efecto la acusación, por falta de elementos probatorios.

Los asistentes esperan que el juez actúe con independencia y cierre la carpeta penal, lo que sería un precedente importante en la lucha por la justicia ambiental en Yucatán.

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