Denuncian un nuevo caso de despojo de tierras ejidales, ahora en la comisaría meridana de Molas, en donde, presuntamente, Manuel Rodríguez Villamil representante de “Inmobiliaria Vivo”, pretende apoderarse de más de 220 hectáreas de terreno, que desde 1935 pertenecen al fundo legal del ejido de Molas.
El comisario ejidal de Molas, Rogelio Narváez, aseguró a POR ESTO! que la zona en cuestión está destinada para la ampliación del pueblo, y durante muchos años no se había presentado un conflicto como el que atraviesan, ya que todos los integrantes del ejido se conocen entre sí y respetan sus propiedades. Además, considera que no hay certeza jurídica en Mérida que proteja sus tierras.
Aclaró que no están en contra del desarrollo y del crecimiento urbano, pero sí del despojo de tierras que pertenecen a campesinos que durante décadas han trabajado y cuidado esas tierras heredadas por sus ancestros.
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Presuntos propietarios
De acuerdo con las declaraciones del comisario ejidal, Rodríguez Villamil –representante de “Inmobiliaria Vivo”– trabaja de la mano con Jorge Cáceres. Ambos afirman ser dueños de la empresa.
Rogelio Narváez reveló que el terreno en disputa incluye una parte del cementerio del pueblo, y el área que tienen para ampliar este recinto, que señalan como una primera necesidad debido al crecimiento poblacional que ha estado registrando la comisaría en los últimos años.
Los pobladores de Molas temen que estos hombres “que se autoproclaman poderosos”, tengan más posibilidades legales de ganar, y que incluso las costumbres y tradiciones como las celebraciones del Hanal Pixán se vean amenazadas.
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El ejidatario señaló que los presuntos responsables de despojarles las tierras no quieren que los habitantes de la comisaría sepan hasta dónde llega su territorio, pero han observado que en situaciones similares que han tenido otras tierras mayas se están asesorando y ya tienen conocimiento del límite de sus propiedades.
Falsas promesas
En su opinión, las inmobiliarias y megaproyectos que buscan establecerse en las zonas rurales buscan despojar a los habitantes de sus tierras a base de mentiras y promesas falsas.
Finalmente, el defensor del territorio maya declaró que el despojo de tierras en comunidades mayas del Estado se ha convertido en una práctica recurrente que afecta directamente la vida y sustento de cientos de familias.
La situación advierte Rogelio Narváez, no sólo representa un conflicto agrario, sino también un problema social que pone en riesgo la identidad y permanencia de los pueblos originarios.