Ejidatarios de distintas comunidades de varios municipios de Yucatán alzaron la voz contra el avance de megaproyectos inmobiliarios, la contaminación ambiental y lo que califican como omisiones graves de las autoridades.
Reunidos en una conferencia conjunta, representantes de Ixil, Kinchil, Celestún y Santa María Chi denunciaron despojos, daños irreversibles a la naturaleza y falta de consulta a los pueblos mayas.
El llamado surgió a partir de la denuncia del comité ejidal de Ixil sobre el complejo inmobiliario Gran Paradizo, que —aseguran— se comercializa en redes sociales sin estar construido, ofreciendo ubicaciones y tiempos de traslado irreales para atraer compradores.
Noticia Destacada
Suman 10 casos de suicidio infantil en Yucatán; especialistas lo vinculan con problemas familiares, acoso y aislamiento digital
“No sabíamos que esto se pretendía iniciar. Están vendiendo algo que no existe y que, de concretarse, traerá graves problemas para nuestra comunidad”, advirtieron, cuestionando la falta de intervención de autoridades estatales y federales.
Los anuncios del proyecto prometían ubicaciones irreales: “Decían que en 15 minutos se estaba en la playa y en 20 en centros comerciales, cuando el tráfico es ya imposible. ¿Por qué vender mentiras y hacernos daño?”, cuestionaron, lamentando que, aunque el alcalde actual niega estar implicado, las autoridades de niveles superiores parecen no ver la afectación directa al pueblo maya.
Selvas en riesgo en Kinchil
En Kinchil, los ejidatarios señalaron que unas 5 mil hectáreas de selva, con zonas vírgenes y mantos freáticos a menos de dos metros de profundidad, están siendo tomadas por desarrolladoras. Indicaron que al menos 12 empresas ofrecen lotes en redes sociales, y una de ellas —Libera— sigue construyendo a pesar de estar clausurada.
Acusaron que estas firmas “financian” a grupos comunitarios y artesanas para ganar simpatías, incluso apareciendo en actividades respaldadas por el ayuntamiento. “Esto no es apoyo, es comprar silencio mientras destruyen la selva”, denunciaron.
Noticia Destacada
Marea roja, programas sociales y combate al dengue: Joaquín Díaz Mena rinde su conferencia mensual
Recordaron que en 2021 se frenó un intento de instalar un basurero común entre varias comunidades, pero advirtieron que la propuesta ha sido retomada sin consulta previa.
“En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no tenemos nada que celebrar. Nos quitan la tierra, nos contaminan y no respetan nuestro derecho a decidir”, enfatizaron.
En Santa María Chi, el comisario ejidal Wilberth Nahuat Puc anunció que obtuvieron una sentencia de amparo contra la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán, que reconoce la violación a su derecho a participar y acceder a información en un procedimiento por contaminación atribuida a una granja porcícola.
El fallo del Juzgado Tercero de Distrito ordena a la dependencia emitir un nuevo acuerdo que los incluya formalmente en el proceso, permitiéndoles presentar pruebas y alegatos. No obstante, la ley estatal que limitó su participación continúa vigente.
Nahuat Puc invitó a otras comunidades a utilizar esta vía legal y exigir que las leyes se armonicen para garantizar participación ciudadana y acceso a la información ambiental. También denunció que enfrenta procesos penales por supuestos delitos de despojo y privación ilegal de la libertad, lo que considera un intento de criminalizar la defensa del territorio.