El capacitismo, entendido como un sistema de opresión que jerarquiza a las personas en función de sus capacidades, sigue generando exclusión estructural y limitaciones en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad en Yucatán, advirtió la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) en su Informe Anual de Actividades.
De acuerdo con el organismo, este modelo asigna mayor valor social a quienes se ajustan a estándares de autonomía y productividad, mientras que concibe la discapacidad como una deficiencia individual y no como el resultado de barreras sociales, culturales, arquitectónicas e institucionales.
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En este sentido, se puntualizó que esta lógica justifica prácticas de segregación y normaliza restricciones de derechos bajo discursos de protección o cuidado.
La Codhey retomó lo documentado por Disability Rights International (DRI), organización que ha señalado a nivel global que la institucionalización constituye una de las expresiones más graves del capacitismo.
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Este modelo, basado en el encierro o aislamiento, vulnera la dignidad humana y contraviene principios fundamentales como la vida independiente, la inclusión comunitaria y la capacidad jurídica.
En este contexto, el organismo estatal enfatizó la necesidad de avanzar hacia procesos de desinstitucionalización, entendidos no sólo como el egreso de personas de espacios de internamiento, sino como la transición hacia esquemas comunitarios que garanticen autonomía y ejercicio pleno de derechos. Para ello, se requiere asegurar vivienda adecuada, servicios públicos inclusivos, redes de apoyo y mecanismos de supervisión.
