Los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en Yucatán. Según datos proporcionados por el ingeniero René Flores Ayora y retomados por la Asociación de Justicia para Víctimas de Accidentes, hasta septiembre de 2025 se han registrado 212 fallecimientos por hechos de tránsito en la entidad.
El panorama es claro: 120 motociclistas, 30 choferes, 33 acompañantes, 13 ciclistas y 16 peatones han perdido la vida en apenas nueve meses. Tan sólo en septiembre, 20 personas murieron en accidentes viales en el estado.
Una asociación que nació del dolor
Ante esta realidad, surgió en junio de este año la Asociación de Justicia para Víctimas de Accidentes, que preside Antonio Cardeña. En apenas cuatro meses, ya acumula 35 casos formales de apoyo a personas afectadas.
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La organización ofrece asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y orientación médica. Su meta es que las familias no enfrenten solas la tragedia.
“Nos enfocamos en que la gente sepa que no está sola. Es un momento muy difícil y queremos ser un respaldo real”, explica Cardeña.
Historias de impunidad
Entre los expedientes destaca el de un hombre atropellado por una conductora en estado de ebriedad. La víctima, que caminaba como peatón, perdió ambas piernas y lleva casi 10 años esperando justicia.
“El proceso está detenido, ni en la Fiscalía ni en los juzgados avanza. Y como este caso hay muchos más”, lamenta el presidente de la asociación.
De los 35 casos en curso, algunos apenas comienzan y otros tienen años congelados. La mayoría está en la Fiscalía General del Estado. Incluso cuando llegan a los tribunales, las audiencias se posponen una y otra vez.
“Hay procesos con hasta una década sin resolverse. Para las víctimas es devastador, porque no sólo cargan con el daño físico o emocional, sino también con un sistema que les da la espalda”, subraya Cardeña.
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La lucha contra el abandono institucional
La asociación ha tenido que recurrir a recursos como el amparo general para reactivar expedientes y garantizar atención médica. Si bien la mayor parte de los casos se concentran en Mérida, también hay reportes en Tizimín, Tekax y Progreso, lo que demuestra que la crisis es estatal.
En materia de salud, la mayoría de los lesionados son atendidos en hospitales públicos como el IMSS, lo que evita cuentas millonarias. Sin embargo, los problemas no desaparecen: tratamientos interrumpidos sin explicación, falta de seguimiento y burocracia que alarga los procesos médicos.
Además de acompañar a las familias, la asociación impulsa cursos de educación vial. El objetivo es reducir los accidentes desde la raíz, apostando por la prevención y la conciencia ciudadana.
“No podemos seguir normalizando estas cifras. La prevención es igual de importante que el apoyo posterior. La sociedad necesita entender que cada accidente no es un número, es una vida truncada”, afirma Cardeña.
Actualmente, la asociación atiende en Caucel, en Mérida. La sede de Pacabtún se encuentra en rehabilitación, lo que limita la cobertura. El servicio es con cita previa, ya que el equipo es reducido.
Cardeña insiste en que la labor que realizan es apenas un esfuerzo ciudadano frente a un problema estructural:
“Necesitamos mejores políticas de prevención y un sistema judicial que realmente acompañe a las víctimas. Los números son alarmantes y no podemos permitir que esto se vuelva costumbre”, concluyó.
