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Campeche

Morena propone reducir de 10 a 2 años el pago por expropiaciones en Campeche

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para reducir de 10 a 2 años el plazo máximo para pagar indemnizaciones por expropiación en Campeche. La propuesta busca armonizar la ley con principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Expropiación en Campeche: diputados buscan reducir carga económica a ciudadanos
Expropiación en Campeche: diputados buscan reducir carga económica a ciudadanos / Alan Gómez

A 36 días de que las bancadas de Morena, PT y PVEM en el Congreso Local aprobaran reformas a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román, para expropiar terrenos y predios particulares que el Gobierno Estatal considere de “Utilidad Pública”, diputados morenistas presentaron una propuesta para reducir el plazo de 10 a 2 años para el pago de la indemnización a las personas afectadas.

Durante sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio entrada a la iniciativa para reformar el artículo 45 de esta legislación, promovida por los legisladores Verónica Roca Méndez, Antonio Jiménez Gutiérrez y Jorge Pérez Falconi, del grupo parlamentario de Morena.

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En la sesión del 2 de septiembre, la mayoría legislativa aprobó que “la indemnización será cubierta al interesado, en la forma y términos que se fijen en el decreto expropiatorio o que se conviniese con el afectado, pero en ningún caso el plazo para el pago podrá ser mayor de diez años”. No obstante, los integrantes de Morena recularon, planteando modificarlo a dos años.

Reducir el plazo máximo de pago a dos años constituye una medida de justicia material que armoniza la legislación local con los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y razonabilidad reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.

La importancia jurídica de esta modificación radica en fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones, al establecer un plazo claro, breve y razonable para la materialización del pago, eliminando además la injusta carga económica que hoy recae en las personas expropiadas, quienes no deben fungir como financiadoras involuntarias de la administración pública”, subraya la iniciativa.

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