Las “irregularidades” por más de 50 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior del Estado (Asecam) en 12 dependencias del Gobierno Estatal deberán ser solventadas en un plazo máximo de 180 días; de lo contrario, podrían derivar en procedimientos administrativos o incluso penales, advirtieron diputados locales, quienes subrayaron que el uso de los recursos públicos debe ser totalmente transparente.
El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Pool Alpuche, sostuvo que el Congreso vigilará que los entes fiscalizados cumplan con las observaciones emitidas por la Asecam y que, en caso de comprobarse malversación de recursos, se aplique la ley sin distinción de partidos o colores políticos.
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“No se trata de un tema partidista; estamos hablando de recursos públicos. Si se demuestra un mal uso del dinero, se debe sancionar a quien corresponda, sea del partido que sea”, afirmó el legislador priista.
Puntualizó que la Auditoría otorga un plazo para que las dependencias comprueben o solventen las observaciones, muchas de las cuales —explicó— no siempre derivan de desvíos, sino de errores administrativos o deficiencias en la comprobación del gasto público. No obstante, insistió en que deben revisarse de manera minuciosa para confirmar si existió o no una malversación de fondos.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, explicó que el informe individualizado de auditoría fue entregado la semana pasada y que actualmente las fracciones legislativas realizan un análisis detallado para determinar el tipo de observaciones: pliegos de observaciones, recomendaciones o procedimientos de responsabilidad administrativa.
Armentía López precisó que las mayores inconsistencias fueron detectadas en los sectores de salud y educación, aunque también hay observaciones en organismos como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capae) y otras instancias gubernamentales.
Detalló que, conforme a la ley, los entes auditados cuentan con 120 días para aclarar las observaciones y, posteriormente, 60 días adicionales para solventarlas. Si al término de este plazo no se comprueban las correcciones, los expedientes podrán ser turnados al Órgano Interno de Control (OIC) o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción del Estado para determinar las sanciones correspondientes.
“Los titulares de las dependencias están obligados por ley a aclarar y justificar el manejo de los recursos. De no hacerlo, se exponen a procesos administrativos o penales”, advirtió el diputado.
Desde el Congreso del Estado, los legisladores coincidieron en que la rendición de cuentas y la fiscalización deben ser una obligación permanente del Gobierno Estatal, y que, en caso de confirmarse actos de corrupción o desvío de recursos, debe aplicarse todo el peso de la ley.
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