Pese a que Morena ahora tiene a los jueces del Poder Judicial Federal a su favor, el Partido Revolucionario Institucional analiza con sus diputados locales la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad a la reforma a la Ley de Expropiación que aprobó por mayoría la bancada morenista y sus aliados en el Congreso de Campeche.
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Para los priistas, los gobiernos de Morena se preparan para ejercer un gobierno autoritario, un gobierno que no respete libertades, derechos, ni los principios a favor de las personas.
De acuerdo con el presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, después de cuarenta y tantos años que existía la ley, justamente en estos momentos se saque del cajón y se busque actualizar, modernizar o “morenizar”, “para dejar ciertos cabos que pueden ser finalmente utilizados en contra precisamente de la ciudadanía”.
Enumeró tres puntos que consideró en contra de los ciudadanos: la notificación en ausencia, que estipula que cuando no se conoce el domicilio o ubicación de un propietario y le interesa por utilidad pública apropiarse del predio, el Gobierno del Estado, con hacer dos publicaciones en el periódico oficial y en medios de circulación, es suficiente para que se tenga por notificado.
Argumentó que la Suprema Corte de Justicia emitió criterios muy específicos donde señala que debe ser una búsqueda exhaustiva, donde se tiene que llegar a cualquier medio para poder recurrir a este mecanismo excepcional, por lo que a espaldas de un ciudadano se puede llevar a cabo el proceso de expropiación.
Otro punto cuestionable, abundó, es la regla para determinar el pago de indemnización. En la anterior ley se establecía que el pago sería respecto del valor catastral que estuviera estipulado; ahora se incorpora el valor comercial, aunque hay una salvedad muy riesgosa y peligrosa, ya que el valor comercial que tomarán como base es el costo de la última operación.
Y ejemplificó que si el predio fue adquirido hace 20, 25 o 30 años, el primer referente será el valor de esos años más la actualización con inflación al tiempo actual, por lo que “evidentemente no va a corresponder con el valor en el momento actual”.
Por lo que quedarán en una situación de indefensión, precariedad y vulnerabilidad las personas.
Y criticó los plazos de pago, ya que el gobierno mantiene un plazo de hasta 10 años para pagar la indemnización.
JGH
