El fuero constitucional es un mecanismo de inmunidad procesal que impide que funcionarios y legisladores sean arrestados o procesados penalmente mientras ejercen su cargo, salvo que el Congreso autorice la acción judicial. Su objetivo original fue evitar persecuciones políticas, garantizando independencia en el ejercicio público. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un símbolo de privilegio y fue señalado como un escudo contra la justicia.
En Campeche, el fuero fue eliminado en 2016 por la 62 Legislatura Local, que aprobó por unanimidad su derogación. La medida fue celebrada como un avance democrático, ya que colocaba a los servidores públicos en el mismo plano de igualdad jurídica que cualquier ciudadano. Campeche se convirtió entonces en uno de los primeros estados del país, junto con Jalisco y Querétaro, en retirar este privilegio.
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Alcaldes y partidos políticos rechazan regreso del fuero en Campeche
No obstante, en febrero de 2026, el Congreso del Estado aprobó en una sesión privada la reinstalación del fuero constitucional, lo que desató una crisis política. La decisión fue impulsada por una mayoría de legisladores de Morena, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, pero generó rechazo inmediato de alcaldes morenistas, de la gobernadora Layda Sansores y de diversos sectores sociales, quienes acusaron que la medida busca blindar a diputados y funcionarios ante posibles investigaciones .
¿Por qué causa polémica?
- Falta de transparencia: la votación se realizó en una sesión reservada, sin acceso público ni medios de comunicación.
- Percepción de impunidad: se interpreta como un intento de proteger a políticos de procesos penales, debilitando la confianza ciudadana.
- División política: la reinstalación fracturó a la bancada de Morena, generando acusaciones de traición y confrontación con la gobernadora.
- Retroceso democrático: críticos señalan que reinstalar el fuero contradice los principios de rendición de cuentas y igualdad ante la ley.
El tema sigue en discusión, pues la Constitución de Campeche establece que cualquier reforma debe ser ratificada por la mayoría de los ayuntamientos. Es decir, los cabildos municipales tendrán la última palabra sobre si el fuero regresa o no de manera definitiva.
Mientras tanto, la polémica continúa, con ciudadanos, alcaldes y partidos políticos exigiendo que se respete la transparencia y se evite reinstalar un mecanismo que, lejos de proteger la democracia, podría alimentar la impunidad en el estado.
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JY
