El año 2026 representa un periodo de grandes retos para el Poder Judicial de Campeche, particularmente para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, debido a la próxima implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma que transformará de fondo la manera en que se imparte justicia en estas materias, por lo que, en Ciudad del Carmen afirman que esta transición implicará un trabajo intenso para el tribunal, tanto en infraestructura como en capacitación del personal judicial y de los propios abogados litigantes.
Durante una entrevista, la Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado y presidenta de Sala Mixta, Carmen Patricia Santisbón Morales, detalló que uno de los principales cambios será la adopción plena de la oralidad en los procesos civiles y familiares, lo que obligará a la creación de salas especializadas para audiencias orales, así como la adecuación de espacios físicos que permitan cumplir con los nuevos lineamientos establecidos por el código nacional.
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Además de la infraestructura, uno de los ejes centrales del proceso será la capacitación, por lo que jueces, secretarios, actuarios y personal administrativo deberán prepararse para operar bajo un esquema distinto al tradicional, mientras que los abogados litigantes también deberán adaptarse a una dinámica procesal más ágil y concentrada.
Explicó que el tribunal ha puesto especial énfasis en fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de evitar que los conflictos escalen innecesariamente a juicio. La intención, dijo, es fomentar que la ciudadanía resuelva disputas civiles y familiares a través de la conciliación y otros métodos alternos, reduciendo así la carga de trabajo en los juzgados.
Señaló que la oralidad representa una ventaja significativa para la impartición de justicia, ya que los procesos se resuelven en mucho menos tiempo. Mientras que un expediente tradicional podía prolongarse uno o incluso dos años, bajo el nuevo modelo oral los asuntos podrían concluirse en un plazo aproximado de dos a tres meses, al contemplarse únicamente un par de audiencias clave.
No obstante, reiteró que la prioridad del tribunal es que la ciudadanía haga uso de los mecanismos alternativos antes de llegar a juicio, ya que estos permiten soluciones más rápidas, menos costosas y con menor desgaste emocional para las partes involucradas.
En cuanto a las adecuaciones locales necesarias para la implementación del código nacional, indicó que las legislaciones estatales deberán armonizarse con la nueva normativa, al tiempo que el Poder Judicial deberá habilitar salas, ajustar procedimientos internos y reforzar la formación del personal en esta nueva etapa.
Recordó que el tribunal ya cuenta con experiencia en la oralidad en otras materias como la penal, mercantil y laboral, por lo que ahora el desafío será trasladar ese modelo a los asuntos civiles y familiares, que representan el mayor volumen de trabajo dentro del Poder Judicial.
De acuerdo con las estadísticas internas, la materia familiar concentra aproximadamente el 60 por ciento de los asuntos que se atienden en el tribunal, lo que convierte a esta reforma en un cambio de alto impacto para la operación diaria de los juzgados y para la atención de la ciudadanía.
Respecto a los plazos, la magistrada explicó que el tribunal tiene como límite el año 2027 para la implementación total del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Actualmente, el Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura evalúan si es viable ponerlo en marcha durante 2026 o extender el proceso de consolidación hasta el plazo máximo permitido.
Finalmente, aclaró que el trabajo de preparación no es reciente, ya que desde 2023 el Poder Judicial de Campeche ha venido desarrollando acciones, diagnósticos y capacitaciones con miras a esta transición, con el objetivo de que la reforma no tome por sorpresa a la institución y se garantice una justicia más rápida, eficiente y cercana a la población.
