Exintegrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, responsables de la eliminación del fuero constitucional en 2016, manifestaron su rechazo a la decisión de la actual Legislatura de reinstalar la figura de la Declaración de Procedencia, mecanismo que consideran un retroceso en materia de igualdad ante la ley y una burla al pueblo campechano.
Los exdiputados recordaron que la eliminación del fuero respondió a un clamor social que exigía acabar con la impunidad de los funcionarios públicos y fortalecer la rendición de cuentas. Señalaron que revivir este privilegio envía un mensaje de corrupción y blindaje político, contrario a las demandas ciudadanas.
Noticia Destacada
Asuntos Internos investigará actuar de policía que desenfundó su arma frente a civiles en Carmen
- Aurora Ceh Reyna, exdiputada del PAN, afirmó que acabar con el fuero fue un acto de solidaridad con la ciudadanía, pues resultaba injusto que los legisladores gozaran de protección legal mientras cualquier ciudadano podía ser procesado por faltas menores.“La ley debe aplicarse de manera equitativa y quien no tiene nada que ocultar no debería temer ser juzgado como cualquier ciudadano”, subrayó.Cuestionó además la incongruencia de partidos como Morena, que enarbolan la lucha contra la corrupción pero promueven el regreso del fuero.
- Leticia del Rosario Enríquez Cachón, exdiputada del PRI, calificó la medida como una burla para los campechanos, recordando que la eliminación del fuero fue una exigencia ciudadana planteada incluso en campañas electorales.Advirtió que reinstalarlo abre la puerta a que funcionarios cometan abusos sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.Señaló la contradicción entre el discurso anticorrupción y las acciones emprendidas, que sugieren la intención de proteger intereses políticos.
La Declaración de Procedencia, conocida como fuero, otorga a los legisladores y ciertos funcionarios una protección legal especial que impide que sean procesados penalmente sin autorización del Congreso.
- En 2016, Campeche se convirtió en uno de los estados pioneros en eliminar esta figura, atendiendo a la exigencia ciudadana de que todos fueran juzgados por igual.
- La reinstalación aprobada por la actual Legislatura ha generado un amplio debate público, pues se interpreta como un retroceso democrático y un blindaje político en favor de quienes ocupan cargos públicos.
