Ejidatarios y comuneros de la comunidad de Ich-Ek denunciaron que, después de 40 años de trabajar y tener la posesión de 260 hectáreas entre montes y tierras mecanizadas, apareció un presunto propietario que los acusa de despojo.
Aseguran que han labrado esas tierras desde 1986 y que nunca conocieron a un dueño, pero ahora una orden judicial les impide continuar con sus actividades cotidianas.
Felipe Reneyro Poot Méndez y su hijo Israel Poot Nah, ambos ejidatarios y excomisarios ejidales, así como el comunero Lázaro Canul Poot, señalaron que las tierras en disputa se encuentran cerca del poblado de Ich-Ek, a un costado de la carretera federal 261 Hopelchén-Campeche.
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Explicaron que, de las 260 hectáreas, 10 son tierras mecanizadas ubicadas junto a la carretera federal, mientras que el resto corresponde a monte alto y monte medio, donde también existen decenas de apiarios pertenecientes a productores de miel de la comunidad, quienes llevan aproximadamente 25 años de trabajar en esa zona.
Derivado de un juicio, y con la presencia de actuarios del Poder Judicial y elementos de la Policía Municipal, el predio fue asegurado el 9 de julio de 2026, estableciéndose un periodo de 60 días sin trabajos agrícolas ni acceso a los apiarios.
Felipe Poot relató que cuando tenía 13 años, junto con su padre comenzó a trabajar esas tierras hace aproximadamente 60 años mediante los métodos tradicionales de tumba, roza y quema para establecer sus milpas. Desde 1986 continuó por cuenta propia para sostener a su familia.
Indicó que con el paso del tiempo supo que el terreno habría pertenecido a Cecilio Uicab, quien falleció sin dejar documentos de propiedad. En 2015 apareció Bernabé, presunto hermano del fallecido y originario de Castamay, Campeche, quien aseguró ser el dueño de las tierras.
“Bernabé nos acusa de despojo, lo cual no es cierto, porque cuando empezamos a trabajarlas no conocimos a ningún dueño… llevo 40 años en estas tierras”, expresó Felipe Poot.
Asimismo, afirmó que Bernabé no ha presentado título agrario, sino únicamente un contrato de compraventa ante notaría pública, cuya validez cuestionó.
El presunto propietario promovió una demanda por despojo, pero un juez de primera instancia desestimó los argumentos al considerar que no acreditó la propiedad.
Los afectados aseguraron que defenderán las tierras trabajadas durante cuatro décadas, pues cuentan con documentos que respaldan su posesión y son reconocidos como avecindados por el ejido de Ich-Ek.
