Tras la reciente aprobación y publicación de la Ley de Expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad del estado de Campeche, que ha generado debate entre especialistas, juristas y ciudadanía debido a los cambios que introduce en materia de utilidad pública, indemnización y defensa legal, el abogado carmelita, Cristian Romero Ramírez, advirtió que la norma podría entrar en conflicto con los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución, al no garantizar plenamente el derecho de audiencia, la seguridad jurídica y la justa indemnización.
Explicó que, a diferencia de la legislación federal —que permite al afectado acudir tanto a la vía administrativa como al amparo judicial para impugnar la declaratoria de utilidad pública—, la nueva ley estatal fija un plazo máximo de cinco días para que el propietario presente alegatos ante la Secretaría de Gobierno.
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Otro punto polémico es el esquema de compensación, pues mientras la ley federal establece que la indemnización debe incluir el valor real del bien, las mejoras y la plusvalía generada por obras públicas, además de pagarse de manera inmediata, la ley campechana permite que el monto se fije con base en el valor histórico del predio y se pague en un lapso de hasta diez años, lo que genera incertidumbre sobre la protección del derecho a la propiedad privada.
El abogado señaló que la vía del amparo federal podría ser el único recurso de defensa para los ciudadanos afectados y advirtió que, más allá de la política, se trata de un tema de certeza jurídica que impacta directamente en el patrimonio de las familias.