BOGOTÁ, Colombia, 11 de marzo (AFP).- Los negociadores del histórico pacto de paz en Colombia alertaron este lunes a la ONU sobre un intento del gobierno de Iván Duque de “lesionar gravemente” los acuerdos que pusieron fin al conflicto de medio siglo con la exguerrilla FARC.
Los delegados de las FARC y del gobierno del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos enviaron una carta al secretario general del organismo, Antonio Guterres, en la que cuestionan las objeciones y reformas anunciadas por el presidente Duque al sistema de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará los crímenes más graves cometidos durante el prolongado enfrentamiento.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”, señalaron.
En un mensaje al país, Duque anunció el domingo que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP, considerada la columna vertebral del pacto negociado durante cuatro años en La Habana.
Asimismo, anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
Denuncia Santrich
Uno de los jefes de la exguerrilla FARC, Jesús Santrich, preso en una cárcel de Bogotá y pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, denunció este lunes un plan para asesinarlo “dentro o fuera de prisión”.
El dirigente de 52 años insistió en que enfrenta una conspiración que busca incriminarlo en un intento de fuga antes de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) defina su eventual entrega a Estados Unidos.
Aunque se abstuvo de revelar las fuentes que según él lo alertaron sobre los planes, Seuxis Hernández o Jesús Santrich, como es más conocido el
exnegociador de paz, anunció que solo recibirá alimentos en prisión que sean entregados directamente por Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional.
“No voy a exponerme porque ya aquí ha muerto mucha gente con cianuro”, agregó el otrora jefe guerrillero, quien cumplió una huelga de hambre de 41 días tras su captura.