370 millones de pueblos indígenas viven en 90 países, según la ONU / Estas comunidadesson menos del 5% de la población mundial, pero representan el 15% de los más pobres
SAN SALVADOR, El Salvador, 9 de agosto (EFE).- Un grupo de indígenas de El Salvador pidió este viernes al Gobierno de Nayib Bukele que se coordinen esfuerzos para que el Estado garantice el derecho a la identidad de los pueblos originarios del país, para que su legado, creencias y tradiciones “no mueran”.
Indígenas de los pueblos náhuas, lencas, kakawiras se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994.
A propósito de este día, los miembros de estos pueblos autóctonos pidieron que se coordinen esfuerzos para que se impulsen acciones que permitan el fortalecimiento de su identidad cultural y se promueva la incidencia de este sector en la política.
Jesús Martínez, miembro del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), dijo a Efe que el tema de protección a la identidad de los pueblos indígenas debe de abordarse con “seriedad” para evitar que las costumbres, tradiciones y legado “mueran”.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas también fue celebrado con una ceremonia ancestral en el occidente de El Salvador, donde se recordó a las miles de víctimas de la masacre indígena y campesina de 1932, perpetrada por órdenes del dictador Maximiliano Hernández Martínez (1935-1944).
Rescatar la riqueza lingüistica
Autoridades indígenas de Panamá llamaron este viernes a sus comunidades y al Gobierno nacional a trabajar de manera conjunta para rescatar la riqueza lingüística de las siete etnias del país, avasallada por la influencia del español y el poco desarrollo de un sistema de educación bilingüe intercultural.
“Tenemos un problema en todo el territorio, y es que las lenguas se están perdiendo (...) recuperarlas depende del trabajo y de la responsabilidad de los pueblos indígenas y la instituciones del Gobierno”, expresó a Efe la presidenta del Congreso General Emberá de Alto Bayano de Panamá, Sara Omi.
La líder, abogada de profesión, explicó que la Ley 88 reconoce las lenguas y alfabetos indígenas y dicta normas para que la educación bilingüe intercultural sea impartida en el idioma materno paralelamente al español en la enseñanza, pero que la misma no se aplica por la falta de recursos.
En Panamá existen las etnias Ngäbe, Buglé, Guna, Emberá, Wounaan, Naso Tjerdi y Bri Bri, cada una con un sistema idiomático diferente.
Asediados por el progreso, militares y rebeldes
Asediados por la militarización, la intromisión de grupos rebeldes o por proyectos de infraestructura en sus tierras ancestrales, pueblos indígenas de toda Filipinas, como los lumad o los dumagat, denuncian ataques, acoso e intimidación.
Líderes de estas comunidades protestaron este viernes en Manila contra los intentos de vincularlos con la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) y someterlos a los programas antiinsurgencia emprendidos por el gobierno de Rodrigo Duterte.
En las montañas de la zona oriental de la isla de Mindanao, al sur del país, coexisten desde hace décadas los rebeldes comunistas y el pueblo lumad, “víctimas ahora de una brutal campaña militar para etiquetarlos como rojos y semilleros del NEP”, denunció el portavoz de la organización Sandugo, Kerlan Fanagel.
“Un total de 59 indígenas han sido asesinados bajo en régimen de Duterte. Y aquellos que apoyan nuestra causa están siendo atacados”, lamentó Fanagel, quien resaltó la proliferación de grupos paramilitares y el “terror patrocinado por el Estado” para hostigar a estas comunidades.
Según la organización SOS: Save our Schools, en los operativos militares contra las escuelas del pueblo lumad han sido asesinadas 13 personas, ocho han sufrido acoso sexual, 34 agresiones físicas graves y más de 100 han sido arrestadas.
Además, más de 2.000 lumad han sufrido bombardeos aéreos en sus comunidades, 930 han sido alcanzados por disparos indiscriminados, unos 18.250 han tenido que huir de sus dominios ancestrales y más de 44.600 han sido víctimas de amenazas, acoso e intimidación.