
El presidente de Perú, José Jerí, anunció la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao a partir de la medianoche de este martes y por un periodo de 30 días, como respuesta a la crisis de violencia, narcotráfico y extorsiones que golpea al país sudamericano.
El anuncio fue realizado en cadena nacional, acompañado por su gabinete, apenas tres horas antes de la entrada en vigor del decreto.
“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, declaró Jerí, reiterando su promesa de aplicar una política de mano dura contra el crimen.
Restricciones y operativos especiales
De acuerdo con la información difundida por el Consejo de Ministros, el estado de emergencia restringe derechos constitucionales como la libertad de tránsito y de reunión.
También se contempla un “apagón eléctrico” en las celdas de los penales, limitación de visitas a los reclusos y la destrucción de antenas de comunicación ilegales dentro de los centros penitenciarios.

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Asimismo, el decreto establece operativos de fiscalización y control en zonas donde se ha identificado venta de drogas, armas, autopartes ilegales y celulares de procedencia dudosa, con el fin de desarticular redes de crimen organizado.
Entre otras medidas, se prohíbe el tránsito de dos adultos en motocicletas lineales y se exige autorización previa para realizar eventos religiosos, culturales o deportivos de carácter masivo.
Contexto político y social
El decreto se publica tras semanas de protestas que no han cesado desde la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, ocurrida el 10 de octubre.
Desde la llegada de Jerí al poder, al menos 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, mientras que un hombre murió el pasado 15 de octubre tras recibir un disparo policial.
A pesar de las crecientes críticas y de una legitimidad cuestionada —pues Jerí fue designado por el Congreso y no mediante elección popular—, el mandatario aseguró que no renunciará y que su gobierno mantendrá el control para “restablecer el orden y la paz” en el país.
Con esta medida, el nuevo presidente busca marcar el inicio de una etapa de reforma de seguridad nacional, en medio de un ambiente político tenso y un rechazo ciudadano en aumento.
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