Florida, tercer estado con mayor número de migrantes en Estados Unidos, se ha convertido en el más agresivo en la aplicación de políticas migratorias restrictivas, gracias al impulso del gobernador republicano Ron DeSantis.
La nueva estrategia incluye la colaboración directa de las fuerzas policiales locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a través del polémico acuerdo 287(g).
Ciudades con fuerte presencia latina como Doral y Orlando ya han autorizado que sus cuerpos policiales participen en labores de identificación y entrega de personas en situación migratoria irregular.
En Doral, donde más del 70 por ciento de la población es migrante y casi la mitad de origen venezolano, la medida ha generado alarma entre residentes y activistas.
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“Es una traición más”, expresó Susana Ríos, venezolana con estatus TPS que hoy se litiga en cortes. En tanto, José González, otro migrante, calificó la medida como “una amenaza directa”.
La preocupación se replica en Orlando, donde 36 por ciento de la población es hispana y donde esta semana ICE comenzó a entrenar a policías municipales bajo el programa federal.
La presión desde el gobierno estatal no ha dado tregua. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, envió una carta al alcalde de Orlando amenazándolo con destitución si no se alineaba con las medidas. Casos similares han ocurrido en Fort Myers y otras ciudades.
Además, DeSantis ha aprobado leyes que prohíben las ciudades santuario y establecen multas de hasta cinco mil dólares y remoción de funcionarios que incumplan las normas migratorias.
En paralelo, se creó el Panel LEAD, que permite a ciudadanos denunciar anónimamente a agentes que no colaboren con ICE.
Más de 100 agencias gubernamentales y condados en Florida ya han firmado estos acuerdos, incluyendo ciudades como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs y Key West. Incluso universidades públicas como FIU, UF y FAU han respaldado estas políticas.
Aunque las autoridades aseguran que la prioridad serán personas con antecedentes penales, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que estas medidas profundizarán la desconfianza entre la comunidad migrante y las fuerzas del orden.
IO
