Más de 800 presos colombianos fueron deportados desde Ecuador hacia su país a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la provincia de Carchi, según confirmaron autoridades ecuatorianas este sábado 26 de julio de 2025.
La medida, que forma parte del plan del presidente ecuatoriano Daniel Noboa para reducir la sobrepoblación en las cárceles, provocó una reacción inmediata del gobierno de Colombia, que consideró que la deportación se ejecutó sin previo aviso y violando normas internacionales.
Colombia denuncia falta de coordinación y acusa medida unilateral
A través de una nota de protesta diplomática, la Cancillería colombiana expresó que la acción fue tomada de forma “unilateral” por parte de Quito y “sin cumplir con el derecho internacional”.
Señaló que no se les informó con antelación, lo cual impidió organizar un plan de contingencia para recibir a los reos.
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“Al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia”, declaró Juan Morales, secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales.
Ecuador defiende procedimiento y niega deportación colectiva
Por su parte, la Cancillería de Ecuador respondió que la medida fue notificada desde el 8 de julio y que cada caso fue revisado individualmente con apego a los derechos humanos.
Afirmó que no se trató de una “deportación colectiva”, como sugirió el gobierno colombiano.
La gobernadora de Carchi, Diana Pozo, indicó que se trabajó de forma coordinada con Migración de ambos países para evitar bloqueos en el puente internacional.
Desde abril de este año, Ecuador comenzó el traslado de grupos pequeños de reos colombianos. Esta reciente deportación masiva marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países.
IO
