El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas durante una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Manhattan, Nueva York.
La comparecencia ocurrió después de que la Fiscalía de Estados Unidos ampliara las acusaciones contra ambos, a quienes señala de presuntamente participar en una campaña de represión impulsada desde el Estado venezolano contra opositores políticos y otras personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
¿De qué acusan a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?
De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades estadounidenses, Maduro habría supervisado un sistema de detenciones arbitrarias y torturas, mediante el cual presuntamente se buscaba intimidar y castigar a personas consideradas opositoras a su gobierno.
Los documentos judiciales describen presuntos actos de violencia contra detenidos, entre ellos golpizas, asfixia, descargas eléctricas y agresiones sexuales.
La Fiscalía también señala que algunas víctimas habrían sido sometidas a tratos degradantes, incluido un caso en el que una persona presuntamente fue obligada a ingerir su propio vómito.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que Cilia Flores también habría participado en este esquema de represión y ordenado actos de tortura contra determinadas personas.
Maduro y Cilia Flores también enfrentan cargos por narcoterrorismo
La acusación modificada, presentada el pasado 8 de octubre, incorpora el delito de conspiración para cometer torturas a un expediente que también incluye señalamientos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
Por el nuevo cargo de conspiración para cometer torturas, ambos podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, en caso de ser declarados culpables.
Maduro y Flores rechazaron las nuevas imputaciones durante su comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein.
La Fiscalía estadounidense mantiene que ambos participaron durante años en un sistema de represión contra ciudadanos venezolanos y extranjeros. Sin embargo, las acusaciones deberán demostrarse durante el proceso judicial y ambos conservan la presunción de inocencia.
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