Edson Saúl Andrade Lemus, reconocido como uno de los promotores de la reciente marcha de la Generación Z, confirmó en redes sociales que mantiene un contrato vigente con el Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, por un monto que supera 2 millones 106 mil 810 pesos, y que, según indicó, involucra diversos colaboradores que prestan servicios de producción de contenidos digitales a nombre suyo.
Andrade explicó que el contrato está a su nombre, pero aclara que los pagos también benefician al equipo de jóvenes que trabajan con él: “Nos pagan por trabajar, lo he hecho desde los 16 años”, afirmó.
Aseguró que dicho acuerdo se limita a producción institucional de contenidos digitales, en los que él “no aparece solo”, sino acompañado por un equipo.
Acusa a la 4T de tratar de criminalizar su labor
En el video publicado en su cuenta de X, Andrade denunció que su vida privada y seguridad han sido vulneradas: “La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que… hoy me veo obligado a abandonar mi hogar…y mi país”, escribió.
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Afirmó que militantes de la Movimiento Regeneración Nacional (4T) difundieron datos personales y montos supuestos millonarios en su cuenta, construyendo una narrativa falsa que, dijo, lo pone en riesgo.
“Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales”, subrayó. Rechazó que reciba dinero por alzar la voz y afirmó que su labor es profesional, en un contexto en el que, según él, otros actores de la 4T no han trabajado jamás.
Contexto y repercusiones políticas
Este pronunciamiento ocurre en medio del debate público sobre la movilización de la Generación Z y la relación entre activismo político, financiamiento y partidos. El contrato divulgado añade un componente más al análisis de la participación de jóvenes, partidos e influencers en movimientos sociales recientes.
La acusación de Andrade genera preguntas sobre la transparencia de contratos partidistas y la línea entre trabajo institucional y opinión política. Por su parte, la 4T y el PAN podrían enfrentar nuevas exigencias de rendición de cuentas sobre la naturaleza de esos acuerdos y su vinculación con movilizaciones sociales.
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