La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que endurece las penas contra este delito y busca unificar su tipificación en todo el país.
Con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el pleno ratificó los cambios que el Senado había hecho previamente y envió el decreto al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el dictamen, la extorsión podrá castigarse hasta con 42 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes del delito. La nueva norma también reforma los Códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, además de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Penas más severas para delitos cometidos con medios electrónicos o armas
La ley establece que quien obligue a otra persona, sin derecho, a dar, hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, podrá ser sancionado con 15 a 25 años de cárcel.
Asimismo, se incrementarán las sanciones de 5 a 12 años de prisión cuando se utilicen medios electrónicos, dispositivos o plataformas digitales para cometer el delito, lo que incluye llamadas, mensajes o transmisiones de datos a través de sistemas electromagnéticos o digitales.
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En los casos donde se empleen armas o instrumentos peligrosos, las penas aumentarán a entre 7 y 17 años de prisión, mientras que si la conducta afecta de forma directa la economía de una comunidad, las sanciones podrán alcanzar el máximo previsto por la ley.
Por otro lado, los servidores públicos que participen en actos de extorsión o utilicen su cargo para cometer este delito podrán recibir de 10 a 20 años de prisión, además de sanciones administrativas y la inhabilitación permanente.
Unificación del marco legal y combate a la impunidad
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, con el objetivo de homologar el tipo penal de extorsión en todo el país.
Actualmente, las penas y definiciones del delito varían entre entidades federativas, lo que ha dificultado su persecución efectiva y ha generado vacíos legales que propician la impunidad.
Con la entrada en vigor de la nueva legislación, se busca que todas las fiscalías estatales actúen bajo un mismo marco legal y que el Gobierno Federal tenga mayores herramientas para la investigación y sanción de los responsables.
Más de 10 mil víctimas al año
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país, lo que mantiene este delito entre los de mayor crecimiento y preocupación ciudadana.
La nueva ley prevé la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional, además de protocolos especializados de atención a víctimas y de investigación para mejorar la efectividad en la persecución de estos casos.
Hacia una política integral contra la extorsión
Con esta aprobación, el Congreso de la Unión da un paso más en la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno federal, que busca fortalecer la protección de la ciudadanía frente a delitos de alto impacto.
La reforma también establece lineamientos para que los gobiernos estatales y municipales adapten sus legislaciones locales en un plazo determinado, garantizando así la aplicación uniforme de la ley en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo Federal deberá promulgar la nueva norma en los próximos días, tras lo cual entrará en vigor oficialmente y comenzará la armonización del marco legal en las entidades federativas.
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