En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presentó este lunes la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, una iniciativa histórica que será enviada al Congreso con el objetivo de transformar la interacción entre ciudadanos y gobierno en todo el país.
La propuesta legislativa, respaldada por la reciente reforma al artículo 73 constitucional, busca unificar y digitalizar procesos administrativos, reducir tiempos, costos y eliminar redundancias.
Uno de los principales objetivos, según Merino, es que las personas “no viajen de ventanilla en ventanilla, sino que sean los documentos los que se muevan en línea”.
La ley contempla la creación de un modelo nacional de simplificación y otro de digitalización de trámites, que garantice que todos los procesos posibles sean electrónicos y con el mínimo de requisitos. Además, se establecerá un catálogo único de trámites aplicable en los tres niveles de gobierno, facilitando la homologación en los 32 estados y más de 2,400 municipios.
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Otro de los pilares será el Sistema Nacional de Atención Ciudadana, inspirado en el modelo de Locatel, y el fortalecimiento de la plataforma Llave MX, que funcionará como identidad digital para la realización remota de gestiones gubernamentales.
A esto se suma la Ventanilla Digital de Inversiones, un portal que centraliza los trámites necesarios para abrir negocios en México. En su primera etapa, reduce el tiempo promedio de apertura de una empresa de 2.6 años a solo un año, al bajar de 51 a 32 trámites, con una cuarta parte de los requisitos anteriores.
Asimismo, se anunció la creación del Centro Nacional de Tecnología Pública, que albergará un repositorio de código abierto para que cualquier desarrollo tecnológico generado por el gobierno esté disponible para otros estados y municipios.
La iniciativa ya cuenta con acuerdos firmados con nueve estados y 17 municipios, y se han realizado más de 40 mesas de trabajo.
Merino subrayó que se capacita actualmente a más de 1,300 servidores públicos para garantizar que las soluciones digitales se mantengan dentro del sector público, reduciendo la dependencia de proveedores externos y fortaleciendo la soberanía tecnológica del país.
Este ambicioso proyecto representa un parteaguas en la forma en que el gobierno mexicano se relaciona con sus ciudadanos y con el sector productivo. De ser aprobado por el Congreso, se estima que al menos el 80 por ciento de los trámites estatales y municipales estarán disponibles en línea, con una reducción de hasta el 50 por ciento en tiempos y requisitos.
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