La ministra presidenta Norma Piña Hernández presentó su informe de actividades 2023-2025, con el que concluyó oficialmente su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su mensaje ante el pleno del máximo tribunal del país, subrayó que el Poder Judicial de la Federación ejerció el presupuesto con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando que los recursos fueran destinados al fortalecimiento de la justicia.
“Cada peso fue administrado con responsabilidad, porque entendemos que se trata de recursos de la ciudadanía y nuestro deber es destinarlos al fortalecimiento de la justicia en México”, afirmó.
Logros y retos de su gestión
Durante su administración, Piña encabezó debates sobre autonomía judicial e independencia de jueces y magistrados, en un contexto marcado por tensiones con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, principalmente en torno a los recursos del Poder Judicial y las reformas en curso.
Entre los avances señalados destacan:
- Modernización tecnológica de los tribunales.
- Perspectiva de género en políticas internas.
- Programas de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables.
- Defensa del principio de separación de poderes en un escenario de alta confrontación política.
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Primera mujer en presidir la SCJN
Norma Piña pasará a la historia como la primera mujer en encabezar la Suprema Corte, un cargo que asumió en enero de 2023.
Su presidencia estuvo marcada por la firme defensa de la independencia judicial y por un estilo de gestión que priorizó la disciplina presupuestal y el fortalecimiento institucional.
Al término de la sesión solemne, las y los ministros reconocieron su liderazgo y su papel en la defensa de la autonomía del Poder Judicial, considerándolo un legado que marcará su paso por la Corte.
Un legado en la independencia judicial
Concluida su gestión, Piña deja como sello la defensa de la justicia como un bien público y la autonomía como principio fundamental.
Su periodo reflejó los retos de un Poder Judicial en medio de presiones políticas y demandas sociales, pero también los esfuerzos por garantizar que el acceso a la justicia sea más transparente, inclusivo y confiable para la ciudadanía.
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