
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por los incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluidos en el Paquete Económico 2026, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Cámara de Diputados.
El organismo empresarial señaló que estas medidas, aunque justificadas por el Gobierno con fines de salud pública, representan “señales de incertidumbre fiscal” que podrían desincentivar la inversión en el país.
Los productos y servicios que subirían de precio
El paquete fiscal contempla un aumento al IEPS en varios rubros:
- Bebidas azucaradas: la cuota se duplicaría hasta 3.08 pesos por litro, incluso para aquellas con endulzantes no calóricos.
- Tabaco: el impuesto pasaría de 160 a 200 por ciento, con un incremento gradual hasta 2030, además de sumar productos como las bolsas de nicotina.
- Videojuegos violentos: se propone un gravamen del 8 por ciento para los clasificados como C, D o M, tanto en formato físico como digital.
- Casas de apuestas en línea: el impuesto subiría de 30 a 50 por ciento.
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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que estos incrementos no buscan recaudar más impuestos, sino proteger la salud de la población y atender problemas asociados a la adicción al tabaco, el consumo excesivo de azúcar y la ludopatía.
La mandataria sostuvo que los recursos generados se destinarán directamente a programas de salud, en línea con la política de prevención de enfermedades y fortalecimiento del sistema público.
Un presupuesto con optimismo y riesgos
El Paquete Económico 2026 prevé ingresos por 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones provendrán de la recaudación tributaria, un crecimiento real de 5.7 por ciento respecto a 2025. El gasto neto se estima en 10.1 billones de pesos, con un déficit equivalente a 4.1 por ciento del PIB.
La Coparmex advirtió que este escenario depende de supuestos de crecimiento económico entre 1.8 y 2.8 por ciento, lo que exige certidumbre jurídica, garantías a la inversión y mejoras en materia de seguridad para sostener la estabilidad de las finanzas públicas.
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