El Gobierno de México presentó dentro de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 una propuesta que ha generado debate: aplicar un impuesto del 8 por ciento a videojuegos con contenido violento.
La medida forma parte de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual puede tener fines extrafiscales, es decir, no solo recaudatorios, sino de protección social.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la intención es desincentivar el consumo de títulos con violencia explícita, lenguaje fuerte, apuestas con dinero real o escenas sexuales, al considerarlos un riesgo para la salud mental y el bienestar de la niñez.
Justificación de la propuesta
El documento oficial detalla que este impuesto busca generar conciencia entre los consumidores sobre el tipo de contenidos que adquieren y reducir el acceso de menores de edad a videojuegos no aptos.
Además, los recursos recaudados se destinarían a programas de salud mental y atención a la niñez, bajo la premisa de que el impacto social de los videojuegos violentos debe ser atendido con políticas públicas preventivas.
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¿Qué videojuegos pagarían el impuesto del 8%?
La propuesta especifica que el impuesto aplicaría a videojuegos clasificados como C y D en México, o bien M (Mature) en Estados Unidos, todos dirigidos exclusivamente a mayores de 18 años.
Entre los títulos que entrarían en este supuesto se encuentran:
- Grand Theft Auto
- Call of Duty
- Battlefield
- Resident Evil
- Silent Hill
- Halo
- Borderlands
- Cyberpunk 2077
- Ready or Not
- Left 4 Dead
- Wolfenstein
- Rust
El impuesto se aplicaría tanto a videojuegos en formato físico como a los adquiridos mediante plataformas digitales o servicios de descarga.
Un debate abierto
Aunque el Gobierno asegura que la medida no busca solo recaudar, sino proteger la salud pública y a la niñez, especialistas señalan que aún falta claridad sobre la forma en que se determinarán los videojuegos sujetos al impuesto y el impacto real que tendría en el mercado.
El tema será discutido en el Congreso como parte del Paquete Económico 2026, y se prevé un intenso debate entre la industria de los videojuegos, los consumidores y las autoridades.
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