La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer la imposición de sanciones contra dos empresas proveedoras del sector defensa por incumplimientos contractuales, como parte de las acciones para fortalecer la transparencia en las compras públicas.
De acuerdo con la dependencia, las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor, Inc. fueron sancionadas con una multa económica y la inhabilitación temporal para participar en procesos de contratación con la Administración Pública Federal.
¿Por qué fueron sancionadas las empresas?
La medida se originó tras detectarse incumplimientos en el contrato identificado como D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022, el cual fue adjudicado a ambas compañías luego de participar de manera conjunta en una licitación pública internacional.
Este procedimiento estuvo bajo la cobertura de tratados y fue gestionado mediante una convocatoria electrónica. Sin embargo, las autoridades determinaron que las empresas no cumplieron con las condiciones establecidas en dicho acuerdo.
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Multa e inhabilitación en el Diario Oficial
Como resultado, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional impuso una sanción económica por más de 236 mil pesos, además de una inhabilitación por un periodo de cuatro meses.
Esto implica que, durante ese tiempo, las empresas no podrán participar, directa o indirectamente, en contrataciones con el Gobierno federal ni celebrar nuevos contratos.
La sanción fue notificada a finales de enero de este año y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación, además de quedar registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
Gobierno refuerza control en compras públicas
La Secretaría Anticorrupción subrayó que estas medidas se aplicaron conforme a la normativa vigente, considerando la gravedad de las faltas y bajo criterios de proporcionalidad.
Asimismo, recordó que las empresas cuentan con mecanismos legales para impugnar la resolución, aunque aseguró que defenderá la sanción en caso de que se inicie algún proceso.
Con este tipo de acciones, el Gobierno federal busca enviar un mensaje claro sobre el cumplimiento de contratos y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, reforzando la vigilancia en los procesos de adquisición.
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