El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó este viernes que dos jóvenes presuntamente involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fueron hallados muertos a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, a la altura de la comunidad de Capácuaro.
Uno de los cuerpos, según informes preliminares, correspondería a un menor de 16 años de edad. Con este hallazgo, ya suman tres personas fallecidas relacionadas con el crimen. El autor material, Miguel Ángel “N”, de 17 años, fue abatido la noche del homicidio por elementos de seguridad.
La Fiscalía confirma su participación en el crimen
De acuerdo con Ramírez Bedolla, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que los dos jóvenes que aparecieron muertos participaron en el homicidio del alcalde, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025, durante un evento público por el Día de Muertos en Uruapan.
“Lo que hace la Fiscalía es confirmar que estas dos personas acompañaban al autor material y participaron en el asesinato”, explicó el mandatario estatal a medios locales.
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El legado de Carlos Manzo y el avance del ‘Plan Michoacán’
Carlos Manzo, un alcalde independiente, sin afiliación partidista y conocido como “el del sombrero”, fue asesinado a balazos mientras encabezaba actividades comunitarias. Su discurso político se caracterizó por el rechazo al crimen organizado y el llamado a la autonomía ciudadana frente a la violencia.
Tras su asesinato, su esposa Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de forma interina, comprometiéndose a continuar con el movimiento de su esposo:
“Este movimiento del sombrero no lo callaron... Carlos Manzo no quedará en el olvido”, declaró.
En respuesta al crimen, el Gobierno federal puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla el despliegue de 10 mil 500 agentes federales en la entidad para contener la violencia e intervenir zonas controladas por grupos criminales.
Violencia, impunidad y justicia tardía
El hallazgo de los cuerpos de los presuntos responsables ocurre en medio de una creciente exigencia de justicia por parte de la ciudadanía de Uruapan.
Aunque las autoridades han respondido con acciones inmediatas, organizaciones civiles han cuestionado la eficacia del sistema de justicia penal ante casos de ejecuciones extrajudiciales o posibles ajustes de cuentas.
La muerte de los tres jóvenes implicados en el crimen deja sin proceso judicial a los involucrados directos, lo que podría dificultar el esclarecimiento total de los hechos, los móviles detrás del asesinato y la posible participación de actores políticos o criminales con mayor influencia.
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