La organización Defensorxs y el medio de investigación Pie de Nota difundieron los nombres de 11 políticos en funciones y exservidores públicos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, como parte de un trabajo periodístico que incluirá más de 30 casos documentados.
Jorge Chaparro, periodista de Pie de Nota, subrayó que se trata de un trabajo colaborativo y sustentado en pruebas, no de simples declaraciones. “Es información documentada, consensada y examinada; es un trabajo periodístico propiamente”, afirmó.
Funcionarios y exfuncionarios señalados
En el listado aparecen políticos que actualmente ocupan cargos, así como exfuncionarios prófugos o bajo investigación. Entre ellos:
- Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por presuntos nexos con La Barredora.
- Tania Gisela Contreras, presidenta electa del Tribunal Supremo de Tamaulipas, acusada de vínculos con redes de huachicol.
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, señalados por presuntos lazos con grupos delictivos.
- Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de relación con Los Caballeros Templarios.
Noticia Destacada
Detienen a Pedro Segura Valladares, exaspirante a gobernador, por presuntos vínculos con Guerreros Unidos y caso Ayotzinapa
En el caso de exfuncionarios ya procesados o sentenciados, se mencionan nombres como Genaro García Luna, Tomás Yarrington, Anavel Ávila, Edgar Veytia, Julio César Godoy Toscano y Mario Marín Torres.
Objetivo de la investigación
Miguel Meza, presidente de Defensorxs, señaló que la publicación busca crear memoria colectiva sobre quiénes han sido vinculados con el crimen organizado.
“Queremos que no se olvide y que no puedan esconderlo, ya que con frecuencia intentan hacerlo comprando medios o extorsionando personas”, afirmó.
Por su parte, el periodista Óscar Balderas adelantó que la próxima semana se revelarán más nombres, sin distinción de partidos políticos. “Estarán ahí porque hay investigación periodística y judicial que lo respalda, no por motivaciones políticas”, concluyó.
Este listado forma parte de un índice negro que continuará ampliándose con casos respaldados por evidencia documental y judicial.
IO