De la Redacción
CHETUMAL, 21 de enero.- Turbios compromisos y pactos en lo oscurito le permitieron a Reyna Durán Ovando tomar la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, quien terminó por ceder el control del Congreso de Quintana Roo al diputado de extracción panista Eduardo Martínez Arcila, regalándole direcciones importantes para que vuelva a poner a sus incondicionales de la pasada legislatura.
Sobresalen los nombres de Lizandro Landeros Lima y Brenda Liz Sanromán Ovando, cómplices de fabricar el “blindaje de impunidad” de Eduardo Martínez Arcila en la pasada XV Legislatura, y que por órdenes de la diputada Reyna Durán fueron devueltos a sus antiguos puestos en la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo y la Dirección de Proceso Legislativo, respectivamente.
El lunes pasado, en reunión de la Jugocopo, los integrantes que asistieron aprobaron por unanimidad una serie de cambios en diferentes direcciones y subdirecciones del Poder Legislativo.
Como ya se ha señalado en notas periodísticas previas, es evidente el pacto político que hizo Reyna Durán con tal de llegar a la presidencia de la Jugocopo, luego de haber negociado y tomar compromisos en lo oscurito con el diputado Eduardo Martínez, quien operó y asesoró a la diputada del Morena desde la primera intentona para quitarle a Edgar Gasca la presidencia del Congreso.
El binomio Durán Ovando-Martínez Arcila empezó desde los primeros días de la legislatura, cuando la diputada morenista nombró a Fabián Villafañez Motolinia como el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que ella encabeza.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se percató que Fabián Villafañez es gente cercana al diputado Martínez Arcila, dando a conocer que es militante del Partido Acción Nacional (PAN) e identificado como uno de los asesores de lujo de la pasada XV Legislatura, que incluso lo tienen registrado como una de las personas que ha recibido “ayudas sociales” del Congreso de manera irregular y preferencial, sin que tenga la necesidad de dicho apoyo.
En su momento, el Observatorio Legislativo denunció que Villafañez Motolinia aparece en repetidas ocasiones como beneficiario de las “ayudas sociales” que en el 2017 otorgó la pasada XV Legislatura, recibiendo apoyos de transportación, herramientas y refacciones automotrices, entre otros.
Además, el nuevo secretario técnico de comisión apareció en la supuesta lista de asesores de lujo de la XV Legislatura, con un sueldo de 172 mil pesos cuatrimestrales, aunque posteriormente dicha lista fue negada por el Congreso de Quintana Roo.
Fue aspirante a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, ha sido representante suplente del PAN y representante ante la autoridad electoral por ese mismo partido, también participó en el proceso de selección y designación de los consejeros electorales del Ieqroo; pero al no poder conseguir uno de esos cargos, la diputada Reyna Durán le regaló la secretaría técnica de su comisión legislativa, lo cual levantó sospechas y empezó a hacer evidente el apoyo entre estos dos diputados.
Villafañez Motolinia, junto con otros asesores de Martínez Arcila, operaron a favor de Reyna Durán y la orientaron en lo que fue su primera intentona para remover a Edgar Gasca de la presidencia de la Jugocopo.
Aunque no pudieron lograrlo en su primer intento, sí lo hicieron en el segundo y la diputada Reyna Durán llegó a la presidencia de la Jugocopo en diciembre pasado.
Tras llegar a la presidencia de la Jugocopo, Reyna Durán ahora tenía que pagar los compromisos pactados con Martínez Arcila, el primero de ellos fue frenar las auditorías financieras y administrativas a la pasada XV Legislatura, dando “carpetazo” a la investigación por las denuncias del irregular y opaco manejo de más de 100 millones de pesos que se destinaron a las “ayudas sociales”.
También acordaron devolverle el control del Congreso de Quintana Roo a Eduardo Martínez, regalándole direcciones importantes para que vuelva a poner a sus incondicionales de la pasada legislatura.
Es así como se nombró a Lizandro Landeros Lima como director de Análisis Jurídico Legislativo, que es gente de Arcila y cómplice de fabricarle su “blindaje de impunidad”, acusado en la pasada XV Legislatura de haber escondido por casi 6 meses y presuntamente haber alterado la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todo con el fin de favorecer a su jefe, el diputado Martínez Arcila, luego de la aplastante derrota que sufrió el PAN en las elecciones a diputados locales de 2019.
En la misma situación se encuentra Brenda Liz Sanromán Ovando, propuesta por Reyna Durán como directora de Proceso Legislativo, y que también en la anterior legislatura fue cómplice del ocultamiento y presunta manipulación de la Ley Orgánica del Congreso.
Otros nombramientos relevantes son el de Andrés Rubén Blanco Cruz como director Jurídico del Poder Legislativo, quien es operador político del diputado federal Luis Alegre Salazar en la zona rural de Othón P. Blanco.
Fue ratificado José Rafael López Saavedra como coordinador de Comunicación Social, quien se ha desempeñado como vocero del Partido Verde (PVEM) en Quintana Roo y también fue particular del expresidente municipal de Benito Juárez Remberto Estrada.
Otra cuota del Partido Verde es Luz Gabriela Mora Castillo, quien quedó al frente de la Unidad de Transparencia.
Aunque no tiene nada que ver en el Congreso de Quintana Roo, el síndico de Solidaridad, Omar Sánchez Cutis, también se llevó su “tajada” en el reparto de direcciones legislativas, sólo porque es pareja de la diputada María Fernando Trejo Quijano, lo que le permitió incrustar a Jorge Manuel Gutiérrez Sánchez como subdirector de Recursos Materiales, quien era exdirector de Ingresos de Playa del Carmen, pero que fue destituido por mal ejercicio del cargo público.
Otro nombramiento fue el de Ernesto Calzada Castillo como subdirector de Administración, quien tenía o tuvo un cargo similar en el gobierno de Quintana Roo.
También se designó a Jairo de la Fuente Ruiz como director de Finanzas, Arjadi Marín Ramayo como director de Concertación Legislativa; además de ratificar a Lizbeth Aracely Ávila Gordiano y Misael Manuel Martínez como subsecretaria de Servicios Administrativos y director general de Administración, respectivamente.
Este martes 21 de enero, el secretario general del Poder Legislativo, Arturo Castro Duarte, llevó a cabo la presentación de los nuevos funcionarios legislativos, a quienes los exhortó a trabajar con profesionalismo y dedicación para cumplir con las metas establecidas por las y los diputados integrantes de la XVI Legislatura.