Un Juzgado Federal admitió la ampliación de la demanda de amparo interpuesta por la agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La impugnación se dirige contra el Artículo 39 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo, que faculta al Instituto estatal a regularizar obras iniciadas sin autorización ambiental, así como el Artículo 51 de su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, que obliga a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental una vez que la obra ya comenzó.
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“Permiten a empresarios iniciar obras sin manifestación de impacto ambiental y posteriormente “regularizarlas”, más vale pedir perdón que pedir permiso”, precisó.
Mencionó que, con base a una denuncia de una ciudadana en Puerto Morelos, la ampliación de la demanda es por las obras del proyecto inmobiliario Alux 33, mismo que fue clausurado, pero que continuó su construcción tras obtener una autorización de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) de Quintana Roo.
Precisó que el Juzgado Noveno de Distrito en el estado dio entrada a la ampliación del amparo promovido por una ciudadana de Puerto Morelos en contra del Congreso local y de las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano Sustentable, Asuntos Metropolitanos, y de Medio Ambiente y Cambio Climático.
De acuerdo con la demandante, representada por DMAS, estas disposiciones vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano al anular los principios de prevención y precaución, pues permiten daños ambientales sin evaluación previa. Además, cancelan la participación ciudadana prevista en la ley, al evitar consultas públicas y notificaciones oficiales.
La ampliación del amparo también argumenta que la normativa crea un régimen de excepción que premia el incumplimiento de la ley. Esto porque viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, y entra en conflicto con la legislación federal, ya que la LGEEPA no contempla mecanismos de “regularización” para obras iniciadas de manera ilegal.
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El siguiente paso del proceso será que el Congreso del Estado de Quintana Roo rinda su informe justificado para defender la constitucionalidad de los artículos impugnados.
La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo data del 29 de junio de 2001 y la modificación más reciente fue hecha por la XVIII legislatura el 20 de agosto pasado.