La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) presentó dos denuncias penales en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien o quienes resulten responsables por desarrollos irregulares en Quintana Roo, aunque la dependencia carece de un censo de posibles afectados.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Sedetus, reconoció el creciente problema, además de otro tema empantanado como es la regularización de los asentamientos más antiguos se han estancado. La agencia ha presentado dos denuncias ante la FGE, aunque Ovando se negó a revelar los hechos “para no comprometer las investigaciones en curso”.
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Asimismo, dijo que la dependencia carece de un censo de afectados por fraudes en desarrollos inmobiliarios en Quintana Roo, pese a que ha realizado más de 230 acciones que incluyen inspecciones, clausuras y denuncias penales.
El creciente problema de desarrollos inmobiliarios a lo largo y ancho de la entidad podrían involucrar a un sin número de personas y aun más a miles de posibles defraudados, aunque dijo que a la fecha no se cuenta con esos datos por la dimensión del asunto.
Argumentó que la dependencia a su cargo cuenta con facultades para intervenir en desarrollos irregulares, como parte de una estrategia para combatir la venta ilegal de terrenos en el sur del estado.
Explicó que, al detectar irregularidades en desarrollos inmobiliarios, se consulta a los Ayuntamientos sobre los permisos y garantías necesarias, y posteriormente se actúa. En algunos casos, se invita a los desarrolladores a regularizarse, garantizando servicios básicos y certeza jurídica a los compradores.
Dijo hay alrededor de 400 asentamientos irregulares en el estado, muchos promovidos como “terrenos de inversión” sin respaldo legal.
Exhortó a la ciudadanía a verificar el estatus legal de los terrenos antes de comprar y cercarse a Sedetus para recibir asesoría confiable y evitar fraudes.
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En mayo pasado, el Congreso estatal aprobó reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Están orientadas a frenar los fraudes inmobiliarios, contener el crecimiento de asentamientos irregulares y fortalecer la protección del medioambiente.
Un punto central es el fortalecimiento de la transparencia y la vigilancia pública sobre los desarrollos inmobiliarios.
Las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a publicar periódicamente, en medios oficiales como los portales de la Sedetus y los Ayuntamientos, la lista actualizada de desarrollos habitacionales y fraccionamientos que cuentan con los permisos ambientales y urbanísticos correspondientes, sin que a la fecha se cumpla dicha disposición.
Esta medida permitirá a la ciudadanía verificar con facilidad la legalidad de los fraccionamientos antes de adquirir un lote o propiedad, y evitar caer en fraudes.
