La admisión de demandas en los juzgados de Quintana Roo tarda actualmente entre dos y cuatro meses debido a la falta de experiencia de los jueces recientemente electos, situación que ralentizó el desahogo de expedientes y profundizó el rezago en el sistema judicial, afirmó Leopoldo Cruz Navarro, integrante de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, quien advirtió que esta curva de aprendizaje impacta de forma directa en quienes buscan una resolución pronta en el destino.
Explicó que la transición en el modelo de impartición de justicia generó un cuello de botella en la operación cotidiana de los tribunales, ya que los nuevos titulares de las ponencias aún no cuentan con la práctica necesaria para resolver con rapidez los asuntos que ingresan.
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Este escenario, señaló, no solo prolonga los tiempos procesales, sino que compromete el funcionamiento administrativo del Poder Judicial, el cual ya arrastraba un rezago histórico en la entidad.
Dentro de los órganos jurisdiccionales se observa una dinámica distinta a la que prevalecía anteriormente, pues el conocimiento técnico y la experiencia recaen principalmente en el personal de apoyo.
Los secretarios de acuerdos son quienes, en la práctica, sostienen el trabajo diario, debido a que los juzgadores dependen de sus criterios para emitir determinaciones.
En el esquema previo, el juez contaba con la capacidad de revisar y corregir de manera directa los proyectos para agilizar las resoluciones; sin embargo, ahora el proceso se invierte y obliga a que el secretario guíe cada etapa, lo que implica revisiones constantes y prolonga los tiempos de respuesta.
A esta condición se suma una problemática estructural que, de acuerdo con el abogado, persiste durante décadas tanto en fiscalías como en juzgados del estado.
Refirió que la carga de asuntos aumenta cada año, mientras que el número de trabajadores y los recursos financieros disponibles se mantienen sin crecimiento suficiente.
La falta de infraestructura adecuada y de remuneraciones competitivas incide en la eficiencia del servicio, lo que limita la capacidad de atención frente a una demanda social en ascenso.
Subrayó que el origen del rezago está vinculado al presupuesto asignado al sistema de justicia, por lo que consideró necesario ampliar las plantillas con personal calificado y mejorar las condiciones laborales para alcanzar resultados acordes con las necesidades actuales.
De lo contrario, indicó, la respuesta institucional continuará siendo insuficiente. Las consecuencias de este panorama se reflejan en los procesos que enfrentan los litigantes y sus representados, quienes deben esperar periodos prolongados para obtener una resolución.
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Esta situación, añadió, representa una afectación al acceso a la justicia y contribuye a la percepción de desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartirla.
Sostuvo que se requiere una reingeniería integral que incluya la capacitación de los nuevos juzgadores y la dignificación de todas las áreas operativas del Poder Judicial.
El retraso en los fallos no solo implica una dilación en los procedimientos, sino que también genera incertidumbre jurídica que repercute en la actividad económica y en la estabilidad social de la Riviera Maya, particularmente en el municipio de Playa del Carmen, donde la solución de controversias resulta un factor importante para la paz pública y el desarrollo regional.
