Empleados con más de dos décadas en el Ayuntamiento de Benito Juárez denunciaron la presencia de personas ajenas a la nómina oficial que realizan labores en al menos dos direcciones municipales, reciben pagos irregulares y cobran “mordidas” a ciudadanos y comerciantes.
En el Registro Civil, los empleados acusaron que personas cercanas al director Eduardo Kuyoc realizan bodas, gestionan trámites y hasta firman actas de nacimiento falsas, sin que los recursos ingresen a las arcas municipales.
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Los trabajadores, que solicitaron el anonimato, pidieron la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama y de la alcaldesa Ana Patricia Peralta para frenar lo que califican como una red de corrupción interna.
Afirmaron que, con la cercanía de los tiempos electorales, al menos diez líderes de colonias fueron “reclutados” y pagados con parte de los cobros ilegales a cambio de respaldo político.
Entre los nombres señalados por los denunciantes figuran Carlos Ramírez Candila, Orlando Robertos -secretario particular del director- y Ana Karen Oliver Durán, familiar de Julio Durán Rueda, quien labora en el gobierno estatal y mantiene un cargo partidista en Morena.
Otra persona identificada como Karla, realiza bodas sin ser ni tener nombramiento como oficial del Registro Civil.
También mencionan a Librada Dzul y a Jordy Novelo Ruiz, a quien acusan de presentarse como gestor para “agilizar” trámites a cambio de pagos.
Las quejas se extienden a los antecedentes de Eduardo Kuyoc Rodríguez en redes de despojo de viviendas durante administraciones pasadas, en las que, según los trabajadores, se habrían aprovechado adeudos de predial para rematar propiedades sin notificación efectiva a los dueños. Aseguran que documentos que vinculan a áreas de Tesorería y otras dependencias comenzaron a salir a la luz en 2018, con el cambio de administración estatal, en el que involucran al aun director del Registro Civil.
Los empleados municipales sostienen que la operación de personal sin base, los cobros irregulares y el uso político de recursos públicos no solo vulneran a los ciudadanos, sino que erosionan la credibilidad del gobierno local.
Exigen auditorías, revisión de nóminas y una investigación formal por parte de las autoridades estatales y municipales para determinar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los involucrados.
En la Dirección de Comercio en la Vía Pública, señalaron que hay individuos que no cuentan con base ni contrato, pero que perciben sueldos mediante los llamados “cheques amarillos” y exigen cuotas a vendedores ambulantes con el aval de mandos de la dependencia, con esquemas similares en algunas oficialías deñ Registro Civil y contando con la directriz de Kuyoc Rodríguez y su grupo compacto.
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Comerciantes consultados afirmaron que los “inspectores” acuden de manera periódica a cobrar dinero o productos bajo la amenaza de sanciones administrativas,
Norma, vendedora de elotes en la región 101, relató que le exigen hasta mil 500 pesos semanales y además consumen su mercancía sin pagar. “Vienen, se llevan para comer y para llevar. Si no das, te dicen que te van a levantar un acta”, denunció.
Lucia, vendedora de antojitos expuso situación parecida, aunque dijo que las personas que se presentan como inspectores del ayuntamiento llegan en grupo con amigos y otros trabajadores a exigir que les preparen algo de comer a todos, sin que ni uno pague lo que consumen.