Aunque autoridades municipales presumen “cero corrupción”, hay quejas y auditorías que exhiben abusos, cobros indebidos y opacidad, particularmente en áreas con alto contacto ciudadano y empresarial, según reportes y afectados.
Fuentes de la Contraloría Municipal informaron que semanalmente se reciben entre 10 y 20 quejas contra servidores públicos, que van desde mala atención hasta abuso de poder y presuntos actos de corrupción. Entre las áreas con mayor número de señalamientos destacan Tránsito, Registro Civil, Juzgados Cívicos y Fiscalización, aunque las investigaciones continúan en proceso.
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Indicaron que desde el año pasado había más de 130 funcionarios bajo investigación. Por ello se implementó la estrategia ‘Cero Corrupción’, con el uso de gafetes, ya que los trabajadores en campo, como inspectores, son los más expuestos a denuncias.
Por su parte, el área de Asuntos Internos mantiene abiertos más de 100 expedientes contra policías municipales, con al menos 23 remociones derivadas de diversas irregularidades, lo que refuerza la percepción de una problemática estructural.
Pese a la magnitud de los señalamientos no se ha dado a conocer ningún caso judicializado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que involucre directamente a funcionarios del Ayuntamiento por extorsión o condicionamiento de contratos.
Uno de los casos más graves señalados públicamente involucra a Jesús Alberto Ayuso Magaña, exdirector de Comercio en la Vía Pública, a quien comerciantes acusaron de encabezar un esquema de extorsión para permitir la instalación de puestos, retirando permisos a unos y favoreciendo a otros, situación que derivó en su destitución.
Recientemente, autoridades municipales reconocieron la existencia de investigaciones en curso, principalmente contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Fiscalización, Registro Civil y el Centro de Bienestar Animal. Sin embargo, no se ha informado el estado que guardan dichos procesos, los cuales se iniciaron a partir de quejas ciudadanas y no por auditorías internas de la Contraloría.
Según testimonios recabados, durante la gestión de Ayuso Magaña los pagos exigidos por personal de Comercio en la Vía Pública oscilaban entre 3 mil y 20 mil pesos, sin recibos ni respaldo legal, bajo la amenaza de retirar autorizaciones o reubicar de manera arbitraria a quienes se negaban.
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Un caso emblemático fue el de una vendedora de tamales que señaló haber perdido su espacio, ocupado durante 12 años cerca de la terminal ADO, luego de que un taquero presuntamente entregara dinero para quedarse con el lugar.
“Me quitaron mi negocio. Siempre pagué mis permisos, hasta que me dijeron que no lo hiciera y me darían un gafete de apoyo por la enfermedad de mi esposo”, relató.
Comentó que después permitieron que otro vendedor se instalara a su lado, cuando ya no había nuevos permisos en la zona.
La mujer señaló que buscó apoyo en la Coordinación de Atención Ciudadana, sin obtener respuesta favorable. Incluso, tras reubicarse frente a una tienda departamental sobre la avenida Tulum, fue retirada al día siguiente por inspectores.
Otro episodio de presunta corrupción y hostigamiento ocurrió con artesanos y vendedores ambulantes de la zona hotelera, afiliados a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), quienes el año pasado acusaron persecución por parte de la Guardia Nacional y Policía Turística.
Aseguraron que eran detenidos hasta por 36 horas o multados con sanciones de 3 mil 500 pesos, lo que derivó en una protesta frente al Palacio municipal.
Ese mismo día, Jesús Ayuso fue separado del cargo tras múltiples señalamientos públicos, incluidos mensajes en mantas que calificaban de “ineptos” a varios funcionarios municipales.
