Alrededor de 255 denuncias ha recibido la Contraloría Municipal en lo que va del 2026, al atender en promedio entre cinco y siete inconformidades diarias contra servidores públicos. Como resultado de estas investigaciones, 44 funcionarios fueron sancionados en el último año, cifra que casi duplica las 25 penalizaciones aplicadas en 2024.
El contralor municipal, Hilario Gutiérrez Valasis, informó que del 2024 a la fecha se ha sancionado a cerca de 70 empleados públicos, principalmente por demoras en los trámites y presuntos hechos de corrupción. Las dependencias con mayor número de observaciones son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Civil, Fiscalización, los Juzgados Cívicos y Siresol, áreas con mayor interacción con la ciudadanía.
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“En el 2024 fueron castigados 25 trabajadores y el año pasado 44, sobre todo en esas áreas. Evidentemente, los procedimientos se atienden conforme van ingresando; debe existir estrecha coordinación con las instancias correspondientes —Fiscalía Especializada, Fiscalía General, Secretaría Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa—, ya que en muchas ocasiones es ahí donde los asuntos se estancan”.
Mencionó que, del total de las personas sancionadas, algunos expedientes derivaron en la baja definitiva, mientras que en otros casos se aplicó la separación temporal del cargo, por periodos que van de algunos días a varios meses o hasta un año, cuando se trata de faltas no graves.
Indicó que, con el personal disponible, se logra desahogar los casos con mayor rapidez, y reiteró que la mayoría de las quejas vigentes corresponden a presuntos ilícitos, aunque aclaró que todos los procesos en curso se rigen por distintos tiempos y plazos legales.
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Respecto a los expedientes abiertos en el 2026, subrayó que aún es necesario revisar los archivos, ya que continúan resolviéndose asuntos del 2024 y el 2025, debido a que en muchos casos las acusaciones no están acompañadas de pruebas suficientes. “En ocasiones llega una denuncia anónima que señala, por ejemplo, que un trabajador del ayuntamiento pidió dinero; sin embargo, cuando se les contacta para ampliar la información, se niegan a proporcionarla, lo que provoca que los procedimientos se detengan”, explicó.
Recordó que por este motivo se ha implementado la credencialización del personal, para que los servidores públicos porten gafetes visibles con fotografía y nombre, lo que permite a los ciudadanos identificar plenamente a quien pudiera incurrir en alguna irregularidad en perjuicio de la sociedad.