Tras la negociación de Simón Caamal Coh con Xcaret, a nombre del Gran Consejo Maya y arbitrariamente en representación del pueblo y comunidades Mayas Cruzo’Ob, que le habría dejado 15 millones de pesos como un acuerdo, firmado como Contrato de Transición; el nativo de Chumpon, avecindado en Tulum, va usando -como modus operandi- la interposición de procedimientos ante el Instituto Nacional de los Derechos de Autor (Indautor), contra personas y razones sociales.
Antes de que siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pusieran la lupa, el 26 de marzo, sobre el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, este ente venía siendo cuestionado por las comunidades Mayas Cruzo’Ob, debido al proceder -lucrativo- con el que se maneja ese organismo, cuya representación asume Simón Caamal Coh, con el abrigo del Gobierno de Mara Lezama, su estructura burocrática y la protección convenida del Grupo Xcaret; tras un desistimiento con esa empresa para permitirle el uso del patrimonio cultural.
Debido a que Simón Caamal y el Gran Consejo Maya han oprimido e invisibilizado los verdaderos liderazgos de los Cruzo’Ob en la zona centro de Quintana Roo, el presidente del GCM ha logrado mantener en estratégica reserva los recursos vigentes ante el Indautor y que muestran cómo es que este grupo, que opera como si tuviera personalidad mercantil (Edición impresa Por Esto! 10 de abril del 2026); anda a la caza selectiva de “infractores de los derechos de autor” con aquello que tiene que ver con lo Maya.
Luego de una investigación documental de Por Esto!, se pudo conocer que Simón Caamal Coh, Gabino Cruz Yeh, Cornelio Puc Jiménez y Plácido Balam Noh; a nombre del Gran Consejo Maya tienen activos varios procesos ante el Indautor.
Los expedientes van del 2022 con derivaciones hasta el 2026, aunque según fuentes estos seis casos, podrían ser parte de expedientes consecutivos que harían hasta 20.
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Se cae la versión: silencio y miedo a la transparencia
El nombre de Simón Caamal Coh sigue en el centro de la polémica luego de que, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa hiciera público un dato que durante meses fue negado: la existencia de un acuerdo económico por aproximadamente 15 millones de pesos entre el Gran Consejo Maya y Grupo Xcaret.
Hasta antes de esa revelación, integrantes del propio organismo habían sostenido —incluso frente a comunidades— que dicho pago simplemente no existía.
Hoy, esa versión quedó desmentida. Lo que siguió ha sido silencio.
Cuestionado por medios locales sobre el destino de esos recursos, el propio Caamal ha evitado dar explicaciones. En entrevistas telefónicas, su respuesta ha sido tajante: “no me conviene hablar sobre el tema”.
Mientras tanto, autoridades tradicionales Maya Cruzo’Ob, consultadas directamente por Por Esto!, relatan una historia distinta: durante meses se les dijo que no había dinero, que no existía ningún acuerdo. Hoy, aseguran, no sólo se confirma lo contrario, sino que tampoco hay claridad sobre a dónde fue a parar ese recurso.
El problema ya no es sólo legal. Es de confianza.
Simón Caamal Coh se “Xcaretiza”
A partir de lo público del controvertido “Acuerdo de Transición” Xcaret - Gran Consejo Maya, especialistas y observadores han comenzado a identificar un patrón: el uso sistemático de mecanismos legales para abrir espacios de negociación económica con empresas privadas, particularmente en torno al uso del patrimonio cultural Maya.
El ecosistema legal de Simón Caamal Coh, que inicia en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor con “quejas”, ha trascendido incluso a instancias judiciales de alto nivel, como ocurrió con el caso Xcaret que llegó hasta la Suprema Corte. Sin embargo, este modelo de monetización del patrimonio parece replicarse a imagen y semejanza de la propia lógica empresarial que dice combatir.
Para diversos analistas, se trata de una suerte de “Xcaretización” del propio liderazgo que encabeza el Gran Consejo Maya: convertir la cultura en un activo negociable, gestionado desde estructuras cerradas y con beneficios poco claros.
Parece un modus operandi reiterado: iniciar procedimientos, presionar jurídicamente y abrir la puerta a negociaciones, sin consultar al pueblo ni a las comunidades Maya Cruzo’Ob.
Estos casos, según se desprende de investigaciones documentales, están vinculados al uso comercial de elementos culturales en proyectos turísticos e inmobiliarios. En todos ellos, Caamal y su grupo reclaman la falta de consentimiento.
Sin embargo, la contradicción es evidente: las propias comunidades señalan que tampoco fueron consultadas por el Gran Consejo Maya, ni informadas de los acuerdos alcanzados, ni beneficiadas por ellos.
Así lo denunciaron recientemente representantes comunitarios en conferencia de prensa desde Tixcacal Guardia, en Felipe Carrillo Puerto.
Para el antropólogo Héctor Díaz-Polanco, este tipo de dinámicas encaja en lo que denomina “etnofagia”: un proceso donde las culturas indígenas son absorbidas mediante mecanismos económicos que terminan por romper su organización interna.
El resultado es claro: el dinero externo genera élites que dejan de responder a la comunidad y comienzan a operar bajo lógicas ajenas que benefician a todos menos a la comunidad indígena.
Simón Caamal y Gabino Cruz, la dupla maestra
Dentro de este modelo, el papel de Simón Caamal Coh y Gabino Cruz Yeh aparece como central.
Ambos han encabezado una estrategia legal que, en teoría, busca proteger el patrimonio cultural, pero que en la práctica —según acusan comunidades— abre rutas de negociación cerradas, sin transparencia ni rendición de cuentas.
Un elemento adicional refuerza estas preocupaciones: parte de los procedimientos promovidos han sido clasificados como reservados, lo que impide conocer sus alcances, términos o resoluciones durante años.
Se trata de procedimientos en materia de protección al patrimonio cultural que, de acuerdo con lo investigado, forman parte de mecanismos administrativos especializados. Sin embargo, su opacidad alimenta la percepción de que operan bajo esquemas poco accesibles para las propias comunidades.
Esto ocurre en un contexto donde la propia Suprema Corte ha sido clara: los elementos culturales, materiales e inmateriales, pertenecen a los pueblos originarios y no pueden ser utilizados con fines comerciales sin su autorización.
A pesar de ello, el Gran Consejo Maya ha continuado actuando de manera unilateral, ignorando cuestionamientos acumulados y tomando decisiones sin procesos colectivos verificables.
Además, diversas fuentes señalan que Caamal y Cruz han extendido su radio de acción mediante el envío de notificaciones, advertencias legales y comunicaciones dirigidas a desarrolladoras, constructoras y empresas turísticas en toda la Península de Yucatán.
Para algunos observadores, esto ha generado un entorno de presión donde ciertos actores empresariales optan por resolver rápidamente mediante acuerdos económicos, evitando adentrarse en el tema para ser verdaderamente Sostenibles o socialmente responsables y así a decir de algunos, evitar procesos largos o controversias públicas, todo al amparo de la opacidad.
El contraste es inevitable: mientras las comunidades Maya Cruzo’Ob han insistido en el respeto a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, el esquema que se despliega por el Gran Consejo Maya parece orientado a obtener compensaciones económicas sin diálogo comunitario de fondo y sin permitir que dichos beneficios lleguen a las personas que viven realmente en las comunidades.
El abogado mixteco Francisco López Bárcenas advierte, a través de sus investigaciones y publicaciones, más notoriamente las del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo
Mexicano, que el empoderamiento de actores negativos mediante recursos de corporaciones o influencias políticas constituye una estrategia de "colonialismo interno" que instrumentaliza la consulta indígena para legitimar el extractivismo.
Este mecanismo opera al cooptar o financiar liderazgos serviles que crean autoridades paralelas a las tradicionales, como la asamblea tradicional, - o los Generales Mayas
-fracturando la unidad comunitaria y detonando conflictos internos que desarticulan la resistencia colectiva; este debilitamiento del tejido social es catastrófico, pues transforma el derecho a la libre determinación en un simulacro legal que facilita el despojo territorial y la entrega de recursos - naturales y culturales - a intereses externos bajo una falsa apariencia de consenso local.
El resultado, señala, es la fractura interna de las comunidades.
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Contradicciones y arbitrariedades del GCM
El caso del acuerdo con Xcaret es el punto de quiebre.
Por un lado, se negocian recursos millonarios bajo el argumento de proteger el patrimonio cultural. Por otro, no existen mecanismos claros que garanticen que esos beneficios lleguen a las comunidades.
Investigaciones previas han documentado cuestionamientos más profundos. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México ha señalado la falta de legitimidad del Gran Consejo Maya, al que describe como una estructura creada desde el ámbito gubernamental para incidir en la organización de los pueblos originarios.
En un análisis presentado ante la Suprema Corte, incluso se utilizó el término “charros” para referirse a este tipo de liderazgos, en alusión a figuras que operan sin respaldo real de las bases comunitarias.
A ello se suman estudios académicos, como los de la investigadora Hilda Landrove Torres, que documentan cómo el Gran Consejo Maya ha desarrollado relaciones clientelares con actores políticos y empresariales en Quintana Roo.
Para el sociólogo Salvador Maldonado Aranda, dinámicas como las descritas, reflejan procesos donde actores con acceso a recursos económicos reconfiguran el poder local, debilitando las estructuras tradicionales.
La consecuencia es grave: se rompe la cohesión comunitaria y se sustituyen los mecanismos de decisión colectiva por relaciones de dependencia.
En la misma línea, Yásnaya Elena Aguilar Gil ha advertido que la mercantilización de lo indígena implica una pérdida de control sobre el territorio y la cultura, transformando a las comunidades en actores subordinados dentro de una lógica económica externa.
Frente a ello, el marco legal es contundente.
La Constitución mexicana, los tratados internacionales y la legislación en materia de patrimonio cultural establecen que estos bienes son comunales, que su gestión corresponde a los pueblos y que cualquier beneficio debe distribuirse de manera justa y equitativa.
No hay espacio para apropiaciones individuales.
No hay lugar para negociaciones cerradas.
Hoy, el debate ha escalado: ya no se trata sólo de Xcaret o de un contrato, sino de un modelo que pone en riesgo la integridad del sistema comunitario.
Porque cuando el patrimonio es colectivo, cualquier intento de capturarlo —aunque sea bajo argumentos legales— termina por romper algo más profundo: la confianza, la organización y el futuro de los pueblos que lo sostienen.
