La sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevista para el jueves 26 de marzo podría marcar un punto de inflexión en el caso 4/2025, en el que se revisa el incidente de suspensión de un amparo que, hasta ahora, ha permitido a Grupo Xcaret continuar con la comercialización y explotación indebida de elementos considerados patrimonio cultural de las comunidades mayas.
El asunto fue nuevamente incluido en la agenda tras haber sido pospuesto el pasado 18 de marzo. La actualización de la “Lista de Asuntos con Proyectos de Resolución” reavivó las expectativas en torno a un proyecto que propone negar la suspensión definitiva otorgada por el controvertido juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. De aprobarse, la empresa propiedad de Quintana Pali y de los hermanos Constandse tendría que acatar la resolución emitida por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), orientada a la protección del patrimonio cultural involucrado.
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El expediente aparece en el lugar 24 del orden del día. A la sesión se prevé la asistencia de autoridades comunitarias Maya Cruzo’ob, quienes viajarán desde Quintana Roo para presenciar la discusión. También se espera la presencia de Óscar Banda González, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Será la tercera ocasión en que este asunto se someta a consideración del pleno. Mientras tanto, miles de personas de comunidades de la llamada Zona Maya seguirán la transmisión en vivo, en espera de una resolución que podría incidir directamente en la defensa de sus derechos frente a prácticas que consideran extractivas.
El Caso Xcaret: 4/2025
Todo apunta a que el próximo jueves, el caso 4/2025 se discutirá y votará en el Pleno de la SCJN que encabeza el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, luego de que en la sesión pública del pasado 18 de marzo se pasó a lista.
En puntual seguimiento, Por Esto! informó que la revisión de la ponencia de la ministra María Estela Ríos Gonzalez, implica analizar la suspensión que otorgó a Xcaret el Juez Gabriel Regis Lopez, titular del Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), sancionó al grupo empresarial de Quintana Roo.
Esa suspensión, de acuerdo a las denuncias documentadas de las comunidades Mayas Cruzo’Ob, permitió que hasta la fecha el Grupo de Miguel Quintana Pali y Marcos Constandse Madrazo, use -lucrativamente- el patrimonio cultural de las comunidades mayas, sin contar con el consentimiento requerido y sin otorgar beneficios justos y equitativos a las comunidades.
Esto incluye, según explican: los bienes tangibles (monumentos, edificios y su arquitectura, sus líneas y estilos ancestrales, y objetos artísticos, estéticos y de uso- como los jabones de la miel melipona) e intangibles (lenguas, tradiciones orales, rituales como el Día de Muertos y conocimientos gastronómicos) que poseen un valor excepcional para la identidad de las comunidades mayas.; todos ellos explotados sin el consentimiento previo, libre e informado de los Cruzo’ob.
Especialistas, así como el Instituto Nacional de los Derechos de Autor (Indautor), han argumentado que se estaría violando la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Tras haber sido turnado a lista el caso 4/2005, que lo dejaba sin fecha para ser analizado por el pleno del máximo tribunal, desde Felipe Carrillo Puerto -en Tixcacal Guardia-, los generales mayas marcaron una enérgica postura.
El sábado 21 de marzo del 2026, los Mayas Cruzo’Ob lanzaron un llamado a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para pedir que dejara de abogar a favor del grupo económico de Xcaret, recordando los postulados de Don Andrés Manuel López Obrador y el movimiento de la Cuarta Transformación que fundó y en el cual la mandataria estatal milita.
Confiaron en que los contubernios políticos y económicos, que suelen darse, no alcanzaran a la Corte del Pueblo.
Apertura de la ministra María Estela Ríos Gonzalez
Es la ministra María Estela Ríos González quien no sólo acogió el caso para elevarlo a ponencia, luego de que el ministro presidente Hugo Aguilar lo atrajo. Ríos González invitó a una comitiva de generales esta semana para atenderlos personalmente y escuchar sus argumentos.
Por Esto! pudo averiguar que los generales Mayas Cruzo’Ob estarán en la Ciudad de México desde el miércoles y el jueves acuden a la sesión pública, como invitados y presenciarán la votación, si no hay cambios en el orden del día; en los temas.
La Ministra Ríos González ha sido sensible al tema y, de antemano, lo celebran los Generales; expresaron en una comunicación con este medio.
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CDPIM, comisión amiga
Aunado a la asistencia de la comitiva de los Mayas Cruzo’Ob, se advierte de la presencia en esa sesión, del responsable de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Oscar Banda González.
Banda González respondería así al encargo conferido en esa unidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de que institucionalmente respaldó al grupo indígena de Quintana Roo en esta “lucha” contra el emporio económico que representa Xcaret.
Cabe recordar que, en la edición de este lunes, Por Esto! dio a conocer que la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas presentó el 10 de marzo un Aamicus Curiae” (Amigo de la Corte), que aportó argumentos legales y antropológicos a los ministros para discernir en este caso que, entre otras cosas, reclama la representatividad de un Gran Consejo Maya que -como acusan las comunidades Cruzo’Ob- “negoció en lo oscurito” con Xcaret, sin velar por intereses colectivos.
