El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama, otorgó entre el 2023 y el 2024 más de 150 millones de pesos en contratos a cinco empresas cuyos socios, apoderados y domicilios están vinculados con Tabasco Capital, compañía que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó como utilizada para facturar combustible obtenido ilícitamente dentro de una red de huachicol relacionada con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo.
La información forma parte de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó los nexos entre las compañías contratadas por el Gobierno estatal y Tabasco Capital, a partir de actas mercantiles, registros oficiales y documentos relacionados con procedimientos de contratación pública.
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Las firmas beneficiadas con recursos públicos participaron en obras de infraestructura educativa, alumbrado, señalética, parques, canchas y otros proyectos urbanos en Quintana Roo.
Uno de los principales nexos se encuentra en Construindustrial y de Servicios SIMMA, compañía que concentró el mayor monto de convenios entre las sociedades relacionadas con este entramado. SIMMA utilizó como domicilio legal San Martín de Porres 111, en la colonia Carrillo Puerto, Querétaro, el mismo que también reportó Tabasco Capital.
La relación cobra relevancia debido a que la FGR aseguró documentación de Tabasco Capital durante un cateo realizado el 22 de febrero del 2025 en un predio de Querétaro. La Fiscalía identificó a la compañía “como una empresa utilizada para facturar el producto obtenido ilícitamente”.
De acuerdo con la investigación de MCCI, los nexos no se limitan a una dirección. Personas que fueron socios, administradores o apoderados de Tabasco Capital también aparecen relacionadas con sociedades que posteriormente recibieron contratos públicos en Quintana Roo durante la administración de Mara Lezama.
Uno de los vínculos documentados es el de Adrián León Ayala, socio fundador y primer administrador de Tabasco Capital. En febrero del 2019 asumió la gerencia de SIMMA, antes de vender su participación en esta última compañía en octubre del 2020.
Otro hilo conduce a Daniel de la Flor López, quien posteriormente tomó el control de Tabasco Capital. Antes de ello, encabezaba Construservicios ESL y AF Instalaciones, compañías que también recibieron contratos públicos en Quintana Roo.
Los documentos revisados por MCCI también muestran coincidencias entre las direcciones declaradas por distintas empresas contratistas. SIMMA reportó Senda Eterna 332, en la colonia Milenio III, de Querétaro, en un convenio celebrado con el Ayuntamiento de Tulum. Posteriormente, Comercializadora Mexqro declaró esa misma ubicación al obtener contratos de los Ayuntamientos de Cozumel y Benito Juárez.
Otra coincidencia aparece entre Construservicios ESL y Constructora 112029. La primera declaró ante el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo el domicilio ubicado en avenida de la Salvación 791, en Querétaro. Dos años después, Constructora 112029 reportó la misma dirección, aunque con el interior 304, en una factura relacionada con una obra pública en Chetumal.
Los nexos también llegaron a las propias licitaciones promovidas en Quintana Roo. MCCI documentó que Construservicios ESL, Constructora 112029 y SIMMA participaron simultáneamente en el procedimiento para construir el corredor del malecón de la laguna de Cobá, en Tulum.
Las tres compañías estaban relacionadas mediante personas y domicilios compartidos, situación que MCCI identifica como un indicio de posible simulación de competencia.
En el caso de SIMMA, además, la dirección que compartió con Tabasco Capital aparece en documentación presentada ante la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.
En noviembre del 2023, Salvador Ramírez Cortes, representante legal de SIMMA, firmó un oficio de invitación a una licitación de esa dependencia y declaró como domicilio San Martín de Porres 111, el mismo registrado por Tabasco Capital.
La investigación también señala que SIMMA mantuvo operaciones comerciales con JSC Servicios Aduanales, empresa de Tamaulipas investigada por huachicol fiscal. Los movimientos aparecen en estados de cuenta bancarios obtenidos durante una auditoría de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.
Por su parte, la FGR documentó transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, señalado como uno de los principales operadores de la red de huachicol vinculada con Rocha Cantú.
Según la acusación de la Fiscalía, Rocha Cantú habría participado mediante la “inyección de capital” para introducir combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos. Esas aportaciones, de acuerdo con la FGR, habrían sido “cruciales para el incremento exponencial de las ganancias” derivadas de la comercialización ilícita de hidrocarburos.
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La Fiscalía también identificó a Daniel Roldán Morales, “Dani”, como responsable “del control de las empresas factureras” utilizadas para dar apariencia de legalidad al combustible de contrabando y como “el intermediario con Tabasco Capital”.
El caso coloca bajo escrutinio los procesos de contratación realizados durante el Gobierno de Mara Lezama, debido a que empresas relacionadas mediante socios, apoderados y domicilios con Tabasco Capital obtuvieron contratos millonarios con recursos públicos.
La documentación revisada no establece por sí misma que Mara Lezama haya participado personalmente en las presuntas operaciones ilícitas ni acredita responsabilidad penal de la Gobernadora.
