Este miércoles se llevó a cabo en los Juzgados de Juicios Orales de Cancún la audiencia de vinculación a proceso de tres exservidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE): Maribel N., Fernando N. y Leonardo N., acusados de negligencia y omisión en el caso de la desaparición y asesinato de Francisca Mariner Flores Patrón, ocurrida en 2020.
La diligencia se realizó un día después de otra audiencia relacionada con el mismo expediente, en la que personal de la FGE solicitó una prórroga de un mes para la investigación complementaria. En esta etapa se presentarán testimoniales y declaraciones de testigos de las partes involucradas.
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“Lo que buscamos es acceso a la justicia y a la verdad, aunque el proceso pueda seguir tardando más. Contamos con las pruebas y elementos suficientes para la vinculación a proceso. Sabemos que se van a defender, pero esperamos que el juez tome en cuenta que los elementos son claros”, señalaron María Dolores Patrón Pat, madre de Francisca, y su abogada, Ariadne Song, en entrevista con Por Esto! afuera de los juzgados.
Patrón Pat, fundadora del colectivo Madres Buscadoras Quintana Roo, recordó que el pasado 3 de octubre se cumplieron cinco años de la desaparición de su hija: “Cinco años de una ausencia que pesa, de una herida que no cierra y de una batalla diaria que no cesa”.
La madre señaló que siete funcionarios están implicados por distintas omisiones, pero solo cuatro han sido vinculados formalmente en la carpeta de investigación. Entre las irregularidades se documentaron pérdida de evidencia, retrasos en la toma de pruebas genéticas, confusión de nombres y negligencias reiteradas que, según la propia FGE, están siendo investigadas tras la presión constante de la familia y de colectivos de buscadoras.
También recordó que, en junio pasado, María H., ex titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, fue vinculada a proceso por omisión en la búsqueda inmediata de Francisca. Se le dictó arraigo domiciliario como medida cautelar, decisión confirmada por el juez Ernesto Rodríguez Soria tras un recurso de apelación. “Estos servidores sabían que mi hija estaba en el Semefo y no hicieron nada de lo que les obliga su cargo. Ninguna sentencia será suficiente; lo más triste es que mi hija ya no está”, declaró Patrón Pat.
Las penas que enfrentan estos exfuncionarios oscilan entre tres y cuatro años de prisión preventiva, aunque para la familia, más allá de la duración, se busca sentar un precedente contra la impunidad institucional.
La madre denunció que, aunque también han presentado recursos contra el exfiscal Óscar Montes de Oca y el vicefiscal Carlos Maya por los mismos cargos, las actuales autoridades, encabezadas por Raciel López, “les blindan con un manto de impunidad”.
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La negligencia comenzó desde el inicio: la entonces funcionaria no ordenó la búsqueda inmediata ni investigó el entorno cercano de Francisca, especialmente a su ex pareja, Ángel Conrado Salas Blanco, quien, junto con dos cómplices, fue identificado como responsable del crimen.
Tampoco otorgó calidad de víctima a la familia ni autorizó la prueba de ADN a la abuela, retrasando todo el proceso. Francisca desapareció el 22 de junio de 2020, cuando tenía 17 años. Aunque la búsqueda inició en tierra casi de inmediato, su cuerpo fue reconocido hasta el 23 de diciembre de 2024.
“La cadena de impunidad tiene nombres y cargos, y no nos vamos a quedar callados. Que les quede claro: el cargo no borra la responsabilidad. Si estás en una institución que debería protegernos y decides mirar para otro lado, también eres parte del problema”, advirtió la madre.
