Más del 55% de las poco más de 22 mil empresas registradas en Quintana Roo no cumplen con la Ley Silla, a pesar de haber contado con seis meses para realizar las adecuaciones correspondientes, reveló Verónica Salinas, Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Refirió que el pasado 14 de diciembre venció el plazo otorgado a los centros de trabajo para cumplir con la aplicación total de la denominada Ley Silla, una reforma laboral que obliga a los empleadores a proporcionar asientos adecuados para que las y los trabajadores puedan descansar durante su jornada.
Mientras que a nivel nacional la “ley silla” arranca el 14 de diciembre, en Quintana Roo, el gobierno estatal la hará efectiva hasta enero de 2026.
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En Quintana Roo serían más de 150 mil trabajadores beneficiados directamente, que incorpora la obligación patronal de garantizar a los empleados una silla; de incumplirse las multas pueden ser hasta de 250 mil pesos.
Sin embargo, a pocos días del cierre del periodo de tolerancia, persisten indicios de incumplimiento y aplicación parcial, particularmente en sectores clave de Cancún como el comercio, los servicios y el turismo.
La STyPS de Quintana Roo informó que, desde la publicación de la reforma el 17 de junio de 2025, se implementó una estrategia preventiva dirigida a los empleadores, que incluyó avisos, exhortos y requerimientos para que adquirieran e instalaran el mobiliario necesario. subrayó que el objetivo inicial no fue sancionar, sino permitir que las empresas realizaran las adecuaciones con un margen razonable.
No obstante, reconoció que muchos centros laborales pospusieron los ajustes hasta el último momento.
Salinas Mozo dijo que se habían realizado alrededor de 300 revisiones en giros donde el personal permanece de pie durante periodos prolongados, como gasolineras, farmacias y comercios. De ese total, solo 140 establecimientos ya habían cumplido, mientras que el resto seguía en proceso o presentaba rezagos evidentes.
A partir del 1 de enero de 2026, la autoridad laboral iniciará inspecciones ordinarias para verificar el cumplimiento pleno de la Ley Silla. En caso de detectarse irregularidades, se abrirán procedimientos administrativos que podrían derivar en sanciones económicas para las empresas responsables.
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La STyPS advirtió que la vigilancia será estricta, al tratarse de una medida con enfoque preventivo en materia de salud laboral.
Sin embargo, recorridos y testimonios de trabajadores en Cancún revelan que, incluso en centros donde se afirma cumplir la ley, la aplicación es limitada o simulada.
En redes sociales, un empleado de Farmacias Guadalajara denunció que, aunque la empresa anunció la implementación desde junio, esta se aplicó hasta diciembre y bajo condiciones cuestionables: dos periodos de cinco minutos cada dos horas, con la obligación de registrar el descanso en una bitácora. “Ni siquiera son 10 o 15 minutos; mejor me voy al baño a descansar”, ironizó el trabajador.
Este tipo de prácticas pone en duda el respeto real al espíritu de la reforma, cuyo objetivo es reducir afectaciones físicas derivadas de permanecer de pie durante largas jornadas. Especialistas en derecho laboral advierten que el simple cumplimiento formal no garantiza el derecho, si no existen condiciones dignas y tiempos razonables de descanso.
Con el fin del periodo de gracia, la Ley Silla entra en una fase decisiva. La efectividad de la norma dependerá no solo de las inspecciones anunciadas, sino de la voluntad de las empresas para dejar de simular y asumir el descanso laboral como un derecho, no como una concesión mínima.
