Proveedores del Ayuntamiento de Benito Juárez y pequeños comerciantes advirtieron presuntos actos de corrupción que, aseguran, se originaron en administraciones anteriores, pero continúan vigentes, sobre todo en trámites para obtener y renovar licencias de funcionamiento, mientras que las pocas o muchas denuncias ciudadanas ante la Contraloría municipal, siguen aparentemente “congeladas”.
Algunos inconformes señalaron que para regularizar establecimientos que acumulan varios años de adeudos por conceptos como el pago anual de recolección de basura y otros derechos municipales, se les solicita una mochada a cambio de obtener descuentos de hasta el 50 por ciento sobre el monto total, el cual en muchos casos puede ascender a 40 mil pesos o más, dependiendo del tiempo de rezago.
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Acusaron que dichos acuerdos se realizan sin respaldo documental oficial, lo que coloca a los contribuyentes en una situación de incertidumbre jurídica y fomenta la falta de transparencia.
Indicaron que los inspectores no actuarían sin la anuencia o tolerancia de sus superiores y que estas prácticas se extenderían a la Dirección de Ingresos y a otras áreas con contacto directo con los ciudadanos.
Asimismo, trascendió a través de fuentes internas y quejas públicas que este tipo de irregularidades —incluido el llamado coyotaje— también estaría presente en dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito, así como en el Registro Civil, donde intermediarios cobran por gestiones que deberían ser gratuitas o de bajo costo.
Esta situación afecta principalmente a pequeños comerciantes y adultos mayores que buscan agilizar trámites como el pago del impuesto predial, ante las largas filas generadas por los descuentos vigentes en estas fechas.
Frente a estas y otras acusaciones, el Gobierno municipal encabezado por la presidenta Ana Patricia Peralta sostuvo que se aplica una estrategia denominada “Cero Corrupción”, con la cual —afirman— se busca combatir las irregularidades dentro de la administración pública. La autoridad local ha informado sobre la puesta en marcha de plataformas de denuncia ciudadana y la separación de funcionarios señalados por conductas indebidas, incluidos casos relacionados con cobros ilegales en áreas como el Registro Civil y Fiscalización.
De igual manera, a través de la Contraloría municipal se han turnado decenas de expedientes a instancias administrativas por presuntos actos de corrupción y faltas éticas cometidas por servidores públicos, incluso algunos correspondientes a Gobiernos anteriores.
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El Ayuntamiento también ha impulsado programas oficiales de regularización y descuentos en trámites municipales, como campañas para ponerse al corriente con licencias o el impuesto predial, bajo criterios legales y con incentivos directos, como alternativa para evitar que los contribuyentes recurran a mecanismos irregulares.
En este contexto, proveedores y comerciantes afectados insistieron en que las medidas implementadas han sido insuficientes y que la percepción de impunidad persiste.
“Mientras no existan sanciones claras y procesos verdaderamente transparentes, la corrupción dentro del Ayuntamiento seguirá siendo un obstáculo para la economía local”, afirmó uno de los inconformes.