La Contraloría de Benito Juárez llevó al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo 50 casos contra funcionarios municipales por diversos ilícitos, tras una investigación previa, originada por acusaciones ciudadanas, reconoció el titular de la dependencia municipal, Hilario Gutiérrez Valasis.
Detalló que los casos turnados al Tribunal conllevan agravantes mayores a faltas administrativas. En esos se investiga la violación al Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores Públicos del Municipio de Benito Juárez. Algunos de los casos, dijo, son contra policías acusados de corrupción o extorsión a ciudadanos.
Aunque también señaló que se han recibido quejas contra funcionarios de la Dirección de Tránsito, Registro Civil y Fiscalización, entre otras dependencias municipales.
En su momento, admitió que se reciben semanalmente entre 10 y 20 quejas o denuncias.
Indicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 16, determina la obligatoriedad de que el personal que labore en el servicio público, observe el Código de Ética que emiten las secretarías o los órganos internos de control.
Los 50 casos llevados al Tribunal están en proceso de desahogo de pruebas.
“Estos expedientes no son sólo de esta administración, hay de Gobiernos previos, y como Contralor nos corresponde darle seguimiento y, en caso de ser necesario, ratificar las denuncias hasta que concluyan su proceso”, insistió.
Indicó que la Contraloría recibe denuncias o quejas contra servidores públicos, por mala atención, abuso de autoridad y presuntos actos de corrupción. Entre las dependencias con más reportes destacan la Dirección de Tránsito, el Registro Civil y Fiscalización, entre otras y aclaró que las investigaciones continúan.
Recordó que su designación como Contralor fue en abril pasado.
Destacó que desde que empezó la Cruzada Cero Corrupción, el 30 de abril, se recibieron 53 registros, entre quejas y denuncias.
“De esos expedientes, 28 han sido quejas y 20 están en proceso de trámite para ser atendidos; además, hay ocho resueltos”, aseguró.
Las ocho denuncias resueltas, dijo, que ameritaron amonestaciones administrativas, que, de acuerdo con el reglamento interno, no fueron necesarias sanciones económicas o destitución del cargo.
“Han sido actos menores como son desde mala atención como servidores públicos o tardanza en trámites”, relató.
