
Comerciantes ambulantes instalados en las inmediaciones del parque central y el Palacio Municipal de Tulum denunciaron presuntos actos de corrupción y abuso de poder por parte del director de Economía municipal, identificado como Melitón González Pérez, a quien acusan de exigir pagos irregulares y de llevarse productos sin cubrir su costo.
De acuerdo con los testimonios recabados, el funcionario presuntamente realiza cobros diarios de 100 pesos a cada uno de los cerca de 100 puestos ambulantes que operan en la zona. Sin embargo, en varios casos, los vendedores aseguran no recibir comprobantes oficiales de los pagos, por lo que desconocen si el dinero se está reportando a la Tesorería Municipal o se trata de una recaudación informal fuera del control administrativo del Ayuntamiento.

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Los vendedores también señalaron que el funcionario ha incurrido en acciones de abuso directo, al tomar productos de los puestos sin pagar por ellos. “Llega, agarra lo que quiere y se va sin decir palabra, como si fuera una obligación darle las cosas”, comentó uno de los comerciantes afectados que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.
La situación ha generado malestar e incertidumbre entre los vendedores, quienes aseguran que, además de lidiar con condiciones precarias y competencia desleal, ahora enfrentan presiones indebidas por parte de quien debería garantizar orden y transparencia en la regulación del comercio.
“Nos exigen pagar permisos, pero no hay reglas claras ni trato justo. A veces ni recibo nos dan, y encima tenemos que regalarles producto. Es un abuso”, expresó otra comerciante que lleva más de seis años trabajando en el centro de Tulum.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos contra el funcionario. Sin embargo, los vendedores ambulantes exigieron que se investigue el manejo de los cobros y se revisen los actos del titular de la Dirección de Economía para deslindar responsabilidades.
Organizaciones ciudadanas y abogados locales han señalado que este tipo de denuncias deben ser atendidas con prontitud, ya que podrían constituir faltas administrativas graves o incluso delitos relacionados con el uso indebido del cargo público.
Los comerciantes advirtieron que, de no obtener respuesta de las autoridades municipales, acudirán a instancias como la Contraloría del Estado o la Fiscalía Anticorrupción para formalizar las denuncias.