Trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron una manifestación pacífica en la zona arqueológica de Tulum para denunciar la presunta suplantación de funciones por parte de la empresa privada que administra el Parque Jaguar, así como el cobro de tarifas adicionales que, aseguran, vulneran el derecho de acceso a la cultura de los mexicanos.
Juan Antonio Rodela Piedra, custodio de la zona arqueológica y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), señaló que la venta de boletos por parte de la empresa Grupo Mundo Maya, que corresponden al INAH, representa una transgresión a las funciones legales del instituto.
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“La gente no viene por el Parque Jaguar, viene por la zona arqueológica, que hemos conservado por años. Este tipo de prácticas afecta nuestra labor y genera mala imagen por los cobros excesivos”, declaró.
Según los manifestantes, en el lugar se han cobrado entradas de 255 pesos incluso a menores de edad, cuando la normativa del INAH establece acceso gratuito para niños menores de 12 años, estudiantes, maestros, personas con discapacidad y entrada libre a mexicanos los domingos. “Imaginemos una familia de siete u ocho personas, es un gasto fuera del alcance de un mexicano promedio”, advirtió Rodela Piedra.
El representante sindical también hizo un llamado al director general del INAH, Margarito Molina Rendón, para que defienda la institución y a la presidenta de la República, a fin de que sea congruente con el discurso de justicia social. “Aquí los cobros excesivos están violentando derechos de los trabajadores y del público”, expresó.
Los trabajadores señalan que esta situación también impacta directamente en el empleo, ya que se desplaza a personal del INAH que se encarga de la custodia y expedición de boletos. Además, denunciaron que casos similares han ocurrido en otros sitios arqueológicos, como Chichén Itzá, aunque en Yucatán la intervención fue frenada.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para difundir lo que está ocurriendo y exigir el respeto a la normatividad vigente, recordando que el patrimonio arqueológico es propiedad de todos los mexicanos.
