La exalcaldesa de Playa del Carmen, Lily Campos Miranda, fue emplazada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) a aclarar y reintegrar más de 80 millones de pesos al erario correspondientes a su administración 2021-2024, tras detectarse irregularidades en el uso de recursos públicos.
Durante su gestión, se acumularon observaciones por más de 140 millones de pesos; aunque parte de estos montos ya fueron resarcidos, aún permanecen pendientes más de 80 millones. El órgano fiscalizador confirmó que los plazos legales para solventar estas inconsistencias ya vencieron, por lo que se inició el proceso de recuperación de fondos y se preparan denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, donde incluso podría solicitarse su inhabilitación.
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Estas acciones forman parte de la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que también reportó irregularidades por 428 millones de pesos en seis municipios de Quintana Roo, principalmente por deficiencias en obras públicas, adquisiciones y arrendamientos financiados con Participaciones Federales, Fortamun y FAISM.
El ayuntamiento con mayores anomalías fue Lázaro Cárdenas, con 293.9 millones de pesos, seguido de José María Morelos con 39.6 millones, Othón P. Blanco con 35.1 millones, Felipe Carrillo Puerto con 27.8 millones, Cozumel con 25.3 millones e Isla Mujeres con 6.3 millones. Los municipios de Benito Juárez, Bacalar, Puerto Morelos y Tulum no registraron observaciones federales, al igual que el gobierno estatal.
El colectivo ciudadano Transparencia por Quintana Roo señaló que la reiteración de irregularidades refleja debilidades estructurales en la gestión municipal y demandó seguimiento público a las denuncias. “No basta con señalar montos; deben aplicarse sanciones ejemplares y garantizar la recuperación efectiva del dinero”, expresó su vocero, Luis Enríquez.
El especialista en políticas fiscales y profesor de economía de la Universidad del Sur, Antonio Muciño, afirmó que este patrón de observaciones evidencia fallas en control interno y profesionalización administrativa. “Cuando un municipio no comprueba el 100% de la muestra auditada, se habla de una ruptura total en la cadena de rendición de cuentas”, explicó. Las anomalías podrían derivar en responsabilidades resarcitorias y penales.
