Cuatro de cada 10 yucatecos consideran que la corrupción es el problema más grave en la Entidad, tan sólo por debajo de la ineficiencia en los servicios hospitalarios, expuso ayer la directora adjunta de Desarrollo de Información Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Alejandra Ríos Cázares, al impartir una conferencia sobre el tema en el Auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.
En el marco de las actividades con motivo de la clausura de la Semana Anticorrupción y del Día Internacional contra la Corrupción, la especialista subrayó que, aunque la percepción es la construcción social de un problema, sí es relevante, porque determina las discusiones y el debate público.
Ante integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, académicos, líderes empresariales y público en general, la también académica e investigadora detalló que el 43 por ciento de la población urbana en Yucatán considera que la corrupción es el principal problema en nuestra sociedad, percepción que no debe minimizarse, porque esto determina las discusiones y el debate públicos en la actualidad.
Preocupante
En ese sentido, dijo que la prevalencia de esa incidencia es del 57 por ciento a nivel nacional, tan sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. Además, en el rubro empresarial, el 18 por ciento de las unidades económicas señalan que es el principal obstáculo para la inversión y el crecimiento económico.
Ríos Cázares explicó que lo realmente preocupante es que la mayor parte de las instituciones en donde el nivel de percepción de corrupción es más elevada son las que tienen que ver con procuración de justicia, seguridad pública y representación política.
–De lo más complicado es en aquellas instituciones en donde la soberanía nacional se delega para la toma de decisiones y las resoluciones públicas, como el Congreso, los diputados y senadores; son los que mayor percepción de corrupción se percibe y, ojo, hay un problema realmente severo sobre la calidad de representación que se traduce en la legitimidad de decisiones, apuntó.
Señaló que, para analizar y medir este fenómeno, también hay que considerar aspectos culturales, por ejemplo, mientras a nivel federal se considera como un conflicto de interés la contratación de familiares en puestos directivos de gobierno, en ciertos municipios esto se ve como normal y deseable, pues la gente considera que las autoridades están contratando a quienes más confianza le tienen.
Apuntó que las instituciones están paradas “con pies de lodo” en su labor para combatir la corrupción, y que éstas dependen fundamentalmente en la documentación del actuar público, uno de los aspectos abandonados persistentemente a nivel nacional y estatal.
Herramientas necesarias
A su vez, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, Graciela Alejandra Torres Garma, dijo que la transformación de la administración pública para que el ejercicio de los recursos sea con mayor transparencia y se sancione a quienes utilicen sus cargos y poder para beneficio personal, necesariamente pasa por la construcción de políticas públicas que involucren directamente a la ciudadanía.
Durante una sesión solemne con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, la funcionaria indicó que al hablar de políticas públicas se tiene que poner énfasis en la participación y la consulta a la ciudadanía, “porque sólo así, al escuchar las voces de quienes somos iguales ante la ley, podemos elaborar directrices que guíen y regulen el quehacer de la función pública para evitar actos de corrupción”.
En ese sentido, destacó que al corte de resultados de la encuesta en línea para la Política Estatal Anticorrupción, se tenían un total de 922 respuestas que serán una de las bases para fortalecer una cultura anticorrupción.
Ese instrumento –continuó– nos ha permitido detectar las principales demandas de los yucatecos con respecto a los 60 temas prioritarios para nuestro Sistema Estatal.
Mencionó que el Estado de Derecho y el combate a la corrupción son considerados en el orden internacional como las herramientas necesarias para atender la pobreza y la desigualdad en América Latina.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del cinco por ciento del Producto Interno Bruto mundial.
–Sólo hoy podemos trazar una cartografía que nos permita navegar hacia nuevos horizontes, donde las siguientes generaciones construyan sobre los cimientos de la cultura anticorrupción, acotó.
Al acto asistieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Avila Heredia; el secretario ejecutivo del SEAY, Edwin Rejón Pacheco; la titular de la Secretaría de la Contraloría General, Lizbeth Basto Avilés; el comisionado presidente del Inaip, Aldrin Briceño Conrado, y el Vicefiscal Anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud.
(Rafael Mis Cobá)