La falta de armonía en el seno familiar es un factor que propicia que los hijos puedan adoptar conductas delictivas y, ante ello, es necesario mirar hacia un esquema en el que el Estado fomente competencias sociales en los jóvenes e incluso establezca Escuelas para Familias, manifestó ayer el magistrado de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Jorge Rivero Evia, al impartir la conferencia “Responsabilidad parental y derecho penal juvenil”.
Sostuvo que la mayoría de los jóvenes que actualmente están en internamiento, como responsables de un delito en Yucatán, proviene de familias que tiene carencias en comunicación, afectividad y disciplina con límites consistentes.
En su exposición, Rivero Evia dio a conocer resultados de un estudio realizado a la población juvenil del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), en el que se observa que la mayoría de los jóvenes internados procede de familias nucleares (o tradicionales), reconstituidas (donde conviven padrastros o madrastras) y extensas (donde hay uno o varios integrantes de la familia ampliada).
No sólo con castigos
Indicó que la muestra arrojó que la mayoría de los jóvenes tiene ausencia de involucramiento afectivo (42%) o interés por parte de la familia, pero sin involucramiento (38%), lo que refleja una falta de empatía en la dinámica familiar.
En cuanto a la regulación del comportamiento, el 56% tiene ausencia de límites y en 36% de los casos esta regulación es caótica, es decir, arbitrariamente rígida en unos casos o falta de límites en otros.
En ese sentido, dijo que el problema del adolescente que ha sido declarado responsable de un hecho penal no es sólo la transgresión de la norma, sino el conjunto de necesidades familiares y sociales, por lo que no sólo responsabilizándolos con un castigo se puede avanzar.
Explicó que, frente a este importante rol de la familia y a las obligaciones de los padres de proveer entornos sanos para sus hijos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes, que actualmente está en vigor en todo el país, parece quitarles responsabilidad al abordar la reparación del daño derivada de un delito cometido por sus hijos.
Incluso –aseveró–, la tutela pública que puede ejercer el Estado cuando se encarga de un niño, niña o adolescente, podría propiciar el abandono de los menores por parte de sus padres.
Por ello, el magistrado propuso que el Estado establezca modelos que permitan a los jóvenes desarrollar las competencias sociales que les permitan ser hombres y mujeres de bien y, con ello, reducir la posibilidad de que delincan o sean utilizados por la delincuencia organizada para cometer ilícitos.
Responsabilidades compartidas
—Por eso no creo que quitando responsabilidad a los padres vayamos a tener un mejor sistema y esta norma tiende hacia el castigo solamente del menor que debe ser responsable, pero los padres prácticamente se desajenan de esta responsabilidad, apuntó.
Parece trillado –continuó–, pero la importancia de la familia, que es la base de la sociedad, es muy relevante. Si una familia no funciona, los niños no funcionan, apuntó.
El magistrado mencionó que existe en Yucatán una ley de protección de la familia que, en su artículo 3º, establece que son los padres los responsables de que en su familia prevalezca un ambiente de armonía y cooperación, de recíproco respeto que permita a los hijos desarrollarse en condiciones propicias para el desenvolvimiento de sus aptitudes físicas, mentales y morales.
—En esta misma ley se establece que es deber del Estado establecer Escuelas para Padres y podrá autorizar el establecimiento de éstas por parte del sector privado, estableció.
Finalmente resaltó que esta responsabilidad no sólo debe cargarse al Poder Ejecutivo, sino debe ejercerse entre el Ejecutivo y el Judicial para que esas Escuelas sean efectivas e incluso constituir un órgano que pueda ser Escuela de Familia.
(Rafael Mis Cobá)