La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura definitiva a una pista de motocross en Chicxulub Pueblo tras detectar la remoción de selva baja caducifolia en 4.27 hectáreas. El caso se suma a una serie de operativos realizados este año, en los que el organismo federal ha documentado miles de hectáreas alteradas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Los sellos de clausura son la señal visible de un problema más profundo: el avance de desmontes y cambios de uso de suelo que erosionan ecosistemas y comunidades.
Al integrar este dato a otros operativos documentados este año en Yucatán (147 ha en un predio de Tekax más 39.6 ha en otro predio, además de 606.4 ha del operativo regional y 968.62 ha en el reporte de 17 predios), la cifra acumulada de áreas devastadas alcanzaría aproximadamente 1,765.89 hectáreas en el estado. Esa suma da una medida del problema aunque la Profepa no ha divulgado un total consolidado depurado para el año.
La pista que cortó el silencio de la selva
El pasado 7 de octubre, inspectores de la Profepa acudieron a un predio en Chicxulub Pueblo donde trabajadores estaban acondicionando un circuito cerrado para motocross: caminos con material pétreo, nivelaciones, obstáculos y saltos. La visita reveló la remoción de la vegetación natural –selva baja caducifolia– en una superficie aproximada de 4.27 hectáreas.
Al no poder presentar la autorización de cambio de uso de suelo en terreno forestal, los funcionarios colocaron sellos de clausura total y ordenaron el cese inmediato de las obras. Las fotografías oficiales muestran lonas que anunciaban carreras y, sobre ellas, el sello de la autoridad: una imagen que resume el choque entre actividades recreativas y la protección legal del paisaje.
Ese episodio, relevante por ser de carácter “definitivo” en la atención mediática local, es apenas una pieza del rompecabezas: durante los meses recientes la Profepa ha intensificado operativos en la Península de Yucatán y ha documentado desmontes y cambios ilegales del uso de suelo que afectan extensas superficies de selva.
Casos principales y cifras oficiales
Los casos varían en escala y actores –desde pequeños predios hasta grandes superficies vinculadas a cultivo o asentamientos– pero comparten un patrón: la modificación del paisaje sin permisos ambientales y, con frecuencia, una respuesta de la autoridad a posteriori.
Este no es el primer caso de devastación, en lo que va del año, la Profepa ha realizado los siguientes operativos en Yuva´na.
Chicxulub Pueblo (pista de motocross): remoción de 4.27 ha de selva baja caducifolia; clausura total por operar sin autorización.
Predio en Tekax (clausura por cambio ilegal de uso de suelo): 147 ha de vegetación nativa devastadas, según comunicado de Profepa sobre un predio en el municipio de Tekax.
Predio menonita: Profepa reportó en otro operativo al menos 39.6 ha de vegetación nativa devastada en un predio clausurado.
Operativo regional: en un comunicado de cierre de junio, Profepa informó haber detectado y clausurado desmontes ilegales que suman 2,608.9 ha distribuidas en la Península: Campeche 702 ha, Yucatán 606.4 ha y Quintana Roo 1,300.5 ha. Esta cifra refleja un operativo con hallazgos dispersos en los tres estados.
Clausura de 17 predios: en un operativo posterior se anunciaron 17 predios clausurados por cambio ilegal de uso de suelo, con un total de 3,747.59 ha afectadas en la región; el desglose que informó Profepa asigna a Yucatán 968.62 ha, a Quintana Roo 2,531.12 ha y a Campeche 247.85 ha.
¿Cuánto suma eso en Yucatán?
Si se suma de forma directa las cifras puntuales publicadas que corresponden a Yucatán –4.27 ha (Chicxulub) + 147 ha(Tekax) + 39.6 ha (predio menonita) + 606.4 ha (parte del operativo de junio) + 968.62 ha (porción de Yucatán del operativo de 17 predios)– el resultado aritmético es de 1,765.89 hectáreas documentadas en los comunicados de la Profepa en lo que va del año.
Es importante subrayar que esa suma es una agregación simple de cifras reportadas en distintos comunicados y existe la posibilidad de que algunos de esos números se refieran a predios o hallazgos que se superponen entre sí.
Profepa publica reportes por operativo y por predio y, cuando los operativos se solapan en tiempo y territorio, un conteo acumulado puede inflar la cifra real si no se depuran duplicados.
Por ello, la cifra anterior debe leerse como una suma de casos reportados públicamente, no necesariamente como la cuantificación limpia y única de todas las afectaciones en el estado.
La Profepa ha reportado en distintos momentos movimientos que suman miles de hectáreas en la Península. Ejemplo: las 2,608.9 ha mencionadas en junio y el segundo corte de 3,747.59 ha por los 17 predios son reflejo de una presión sostenida sobre las selvas de la región –con Quintana Roo concentrando en algunos comunicados la mayor porción del daño reportado y Yucatán y Campeche con cifras también significativas.
Impacto y lectura humana
Las cifras implican más que hectáreas: significan corredores fragmentados, pérdida de hábitat de especies locales, riesgo para servicios ecosistémicos (retención de agua, suelo fértil, sumideros de carbono) y tensiones con comunidades rurales que ven transformadas sus tierras.
En Chicxulub Pueblo, por ejemplo, la conversión de 4.27 hectáreas para un uso recreativo intensivo –una pista de motocross– es un recordatorio de que no siempre se trata de monocultivos o grandes desmontes, sino que también hay acciones locales que producen daños visibles y rápidos.
La respuesta de Profepa –inspecciones, sellos de clausura, aseguramiento de instalaciones– muestra la capacidad operativa del órgano, pero al mismo tiempo deja interrogantes: ¿por qué se autorizaron o permitieron movimientos de tierra sin controles municipales? ¿Qué seguimiento habrá a las multas o a la restauración del terreno?
En varios comunicados la Profepa afirma su disposición a vigilar y sancionar, pero los sellos de clausura son sólo el primer eslabón de un proceso que debe incluir sanciones eficaces y, cuando sea posible, medidas de restauración ecológica.
En lo que va del año –según los comunicados y operativos públicos de la Profepa– la Península de Yucatán ha sido escenario de varios casos de cambio ilegal de uso de suelo y desmontes que, sumados, representan miles de hectáreas afectadas.
En Yucatán en particular, las cifras oficiales que se han publicado en distintos operativos alcanzan, en agregación simple de los casos reseñados, aproximadamente 1,765.89 ha (incluida la pista de motocross en Chicxulub de 4.27 ha).
Esa cifra da una dimensión del problema: la pérdida de paisaje ocurre en múltiples frentes, desde grandes predios agrícolas hasta proyectos de ocio que se instalan sin permisos.
