Con casi 29.7% de los internautas mayores de 12 años en Yucatán declarando haber vivido alguna forma de ciberacoso, el estado se alza como líder nacional en este tipo de violencia digital, según el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2024 del Inegi.
Esa cifra supera la media nacional de 21% —18.9 millones de usuarios a nivel país— y refleja una realidad preocupante: cada vez más personas sufren hostigamiento, identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones sexuales o vigilancia invasiva a través de plataformas como WhatsApp o Facebook.
Motor de reforma legal
La magnitud del problema fue uno de los motores que impulsaron la reforma que el Congreso de Yucatán aprobó hace unos días al Código Penal estatal. La ley endurece las sanciones para el ciberacoso, tipifica el acecho digital como delito y regula el ciberacoso sexual infantil: ahora será punible por prisión y multas a quien, mediante engaño, seducción, coacción o intimidación, entable contacto con una persona menor de edad por medios tecnológicos, incluso si la víctima aparenta dar su consentimiento. También se incorpora la figura del “acechador digital”: aquellos que monitorean, persiguen o recaban información privada de la víctima de manera invasiva.
Detrás de estos cambios hay un reconocimiento político y social de que el daño psicológico que deja el acoso en línea no es menor. Diputados de Morena, PVEM y PT que impulsaron la reforma han señalado los efectos reales en quienes sufren estas agresiones, como ansiedad, depresión, aislamiento, ataques de pánico y estrés severo.
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En agosto pasado, en el Congreso se realizaron mesas de trabajo que incluyeron a sociedad civil, juventudes y colectivos feministas, con quienes se construyó parte del dictamen y se redactó un protocolo para ofrecer acompañamiento psicoemocional y legal a las víctimas.
Tropiezo ante la Corte
La urgencia de legislar este tipo de violencia digital no es nueva: en 2020, el Congreso estatal ya había tipificado el ciberacoso, con penas de seis meses a tres años de prisión y multa, pero esos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte (SCJN) por falta de precisión legal.
La reforma reciente busca atender precisamente esas ambigüedades y alinear la legislación local con los criterios de la Corte para garantizar que los delitos digitales se puedan perseguir sin vulnerar derechos fundamentales.
Mujeres, víctimas principales
En el plano de los datos, el Micuba 2024 reporta que en Yucatán el 30.6% de las mujeres usuarias y el 28.7% de los hombres ha experimentado al menos un episodio de acoso digital en los últimos 12 meses.
Además, el 36% de quienes vivieron ciberacoso a nivel nacional fueron contactados mediante identidades falsas; 34% recibió mensajes ofensivos y 22.6% llamadas agresivas.
En el caso particular de Yucatán, también se han medido los efectos emocionales: 58.6% de las víctimas reportó enojo, 36.7% desconfianza y 30.1% inseguridad, además de estrés, miedo e incluso síntomas como aislamiento social.
Un problema regional y nacional
El fenómeno no es exclusivo de Yucatán. En la Península, Campeche presenta una prevalencia de 21.4% según datos del mismo Mociba, mientras que Quintana Roo registró 17.4%, aunque con incrementos previos en años recientes, lo que sugiere una tendencia al alza de la violencia digital en la región.
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A nivel nacional, el reporte 2024 también arroja que 22.2% de las mujeres usuarias y 19.6% de los hombres han sido víctimas de acoso en línea.
A nivel nacional, 18.9 millones de mexicanos sufrieron ciberacoso en 2024; de ellos, 22.2% son mujeres usuarias de internet y 19.6% hombres, una brecha que confirma el sesgo de género de esta violencia.
Retos para la legislación
El nuevo marco legal de Yucatán plantea desafíos prácticos. Expertos advierten que la reforma debe ir acompañada de unidades especializadas para delitos informáticos, capacitación para ministerios públicos, protocolos de protección digital y un sistema de atención integral para víctimas, incluyendo apoyo psicológico.
Además, la reforma llega en un momento en que México discute a nivel federal una ley general para combatir extorsión digital, que podría incluir modalidades de llamadas, mensajes y agresiones en línea, lo que hace aún más relevante que los estados cierren sus vacíos legales.
En el terreno humano, detrás del 29.7% hay personas reales: adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, todos conectados al mundo digital que, paradójicamente, también se ha convertido en escenario de agresión. Muchos comparten que el daño del ciberacoso no es visible para otros, pero las noches sin dormir, la ansiedad o la paranoia emocional sí lo son.
